Alierta se niega a responder las preguntas de la acusación por el caso Tabacalera
El actual presidente de Telefónica, César Alierta, se ha negado a contestar a las preguntas del abogado de la Asociación de Consumidores y Usuarios de Servicios Generales de Banca y Bolsa (AUGE) ante la juez Modesta Medina, en el Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid.
Alierta ha acudido a declarar como imputado por el caso Tabacalera a los Juzgados de Plaza Castilla, de Madrid, sin que apenas se le pudiera ver, puesto que ha entrado y salido en coche por diferentes puertas para esquivar a los periodistas y reporteros gráficos que han acudido. De su comparecencia ante la juez -quien sustituye a Juan Luis Rodríguez después de que éste admitiera a trámite la querella presentada por AUGE- ha trascendido que ha contestado a todas las preguntas que le formuló tanto Medina como el fiscal Alejandro Luzón, pero no las del representante de AUGE, José María Davó.
Alierta estaba citado a declarar a las 09.30 horas y salió de los juzgados cerca de cuatro horas más tarde, aunque fuentes cercanas al directivo han asegurado que la declaración únicamente ha durado cerca de hora y media. Mañana le toca el turno a la esposa, Ana Cristina Plácer, y a su sobrino Luis Javier Plácer, también imputados en este caso por el supuesto uso de información privilegiada.
El caso Tabacalera
Estas declaraciones tienen su origen en una querella presentada por AUGE y admitida a trámite después de que la causa fuera rechazada por tres instancias judiciales diferentes, que no encontraron indicios de delito. Sin embargo, la citada agrupación considera que Alierta pudo haber cometido un supuesto delito de prevaricación administrativa y un uso indebido de información privilegiada en 1997, cuando era presidente de Tabacalera.
La querella de AUGE es contra Alierta, su esposa Ana Cristina Plácer, su sobrino Luis Javier Plácer y el ex secretario general de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) Antonio Alonso, a los que atribuía la compra y posterior venta de acciones de Tabacalera con un beneficio superior a 1,8 millones de euros, gracias a la supuesta utilización de información privilegiada.
Esta acusación está relacionada con el hecho de que Tabacalera tenía intención de comprar una empresas de cigarros en los Estados Unidos, Havatampa, y con que el Gobierno iba a decretar una subida de los precios de algunos de sus productos, lo que podía hacer prever una subida en la cotización de los títulos. Inicialmente, la CNMV abrió una investigación de oficio en 1998 sobre los movimientos registrados en las acciones de Tabacalera en los días previos y posteriores a la adquisición de Havatampa, pero no encontró ¢base objetiva¢ para sancionar al sobrino de Alierta.
El organismo supervisor no pudo sancionar a Placer al no haberse demostrado la existencia de información privilegiada, puesto que ambos hitos eran públicos cuando se acometió la compra de acciones de Tabacalera. Posteriormente, fue la Fiscalía General del Estado la que rechazó la querella al considerar que ¢el carácter privilegiado de esa información desaparece si el hecho relevante ha sido divulgado por los medios de comunicación¢.