Cuentas públicas

El PP negocia con CiU el apoyo a cuentas irregulares del Estado

El PP y CiU negociaron durante el día de ayer el respaldo de este último grupo a la cuenta general del Estado del año 2000, que hoy será sometida al pleno del Congreso, sin que su portavoz, Xavier Trias, se comprometiera a ir más allá de la mera abstención en la votación que tendrá lugar a primera hora de la tarde. Si se confirma esta opción, cosa más que probable, será la primera vez en la que los nacionalistas catalanes no ofrezcan su respaldo a la cuenta general del Estado.

El PP tiene asegurados, eso sí, los cuatro votos de Coalición Canaria, que le evitarán la foto en solitario dando el abrigo a una contabilidad a la que el propio Tribunal de Cuentas ha puesto numerosas objeciones.

Hace 15 días, el Fondo Monetario Internacional advertía en su informe sobre España de la proliferación de modalidades de financiación alternativa a las que ha recurrido el Gobierno para afrontar algunas partidas de gasto, sobre todo en el capítulo de infraestructuras. Esta práctica, argumenta el FMI, ha complicado el control y la cuantificación del impacto fiscal a largo plazo de estas operaciones. En la cuenta general del Estado del año 2000 que hoy se someterá al pleno del Congreso, el Tribunal de Cuentas ha detectado un saldo negativo de 1.887 millones de euros que el Gobierno ha diferido a ejercicios posteriores, ya que hay gastos no computados por importe de 3.246 millones e ingresos por un volumen de 1.359 millones.

El Tribunal de Cuentas insta a presentar una contabilidad sin duplicidades

El examen de la cuenta de 2000 realizado por el Tribunal de Cuentas viene a demostrar que el Fondo de Reserva de la Seguridad Social se ha financiado, en parte, con recursos detraídos a sus acreedores. El impago de la deuda que la Tesorería General tenía contraída en este ejercicio con el Instituto Nacional de Empleo se elevaba a 2.763 millones de euros.

El Tribunal también acentúa la necesidad de que el Gobierno presente cuentas consolidadas para evitar duplicidades y que algunas partidas no queden registradas.

Principales deficiencias

1. Hay operaciones de gasto pendientes de imputar al presupuesto final del ejercicio por 3.246 millones de euros y unos ingresos que alcanzan 1.359.

2. Falta la realización de auditorías a las entidades gestoras y de la Tesorería General de la Seguridad Social.

3. El Gobierno no ha implantado controles financieros en los centros de gasto sanitarios y en el 53% de las auditorías sobre sus cuentas se han detectado anomalías.

4. El tribunal dispone de información insuficiente sobre la situación económica, financiera y patrimonial del ejercicio de 2000.

5. Las modificaciones presupuestarias de la Administración General del Estado y sus organismos autónomos se elevan a 28.333 millones de euros, lo que supone un aumento del 17% respecto de los créditos iniciales.

6. Ausencia de información sobre la financiación de las entidades gestoras y de la Tesorería general de la Seguridad Social, donde se producen modificaciones presupuestarias por importe de 3.305 millones de euros.

7. Las cuentas de las empresas estatales están incompletas al no incluir a 40 entidades. Las memorias de estas empresas no se acomodan al Plan General de Contabilidad. En la Cuenta General de las Fundaciones Públicas se excluyen, al menos, 10 de estos organismos.

El Gobierno niega que haya responsabilidad contable

Ismael Bardisa. Grupo popular

'Pese al informe del Tribunal de Cuentas, el Ministerio Fiscal y la Abogacía del Estado no han encontrado responsabilidades contables. Hay irregularidades, pero es la segunda cuenta que se atiene a la Ley General Presupuestaria'.

Maite Costa. Grupo Socialista

'Las irregularidades detectadas por el Tribunal de Cuentas son indicativas de la ingeniería contable del Gobierno y de la falta de veracidad de sus datos presupuestarios. Se pone una vez más en juego su credibilidad'.

Jordi Martí. CIU

'Esta será, probablemente, la primera vez que no apoyemos la cuenta del Estado. Pese al informe del tribunal, no hay elementos tan graves como para que votemos en contra, por lo que seguramente nos abstendremos'.