Caja Navarra reforma el consejo para evitar denuncias en la UE por el peso político
Caja Navarra se prepara para abandonar sus 'privilegios' políticos. Con la reforma de los estatutos que acaba de imponer el Gobierno foral de Navarra, cuyo presidente está al frente de la caja, se limitará el peso del Ejecutivo en el consejo, según fuentes financieras. De esta forma, la caja evitará el riesgo de que una entidad competidora pueda denunciarla ante Bruselas por su estatus.
La situación especial de Caja Navarra está próxima a extinguirse, al menos en cuanto al peso político se refiere. El Gobierno foral aprobó el lunes un decreto para reformar los estatutos de la entidad de ahorros con el fin de adaptarla al espíritu de la Ley Financiera, que limita al 50% el peso de los representantes políticos en las cajas.
La gran pregunta es por qué decide ahora el Ejecutivo esta adhesión a una ley que lleva un año en vigor y cuando el estatus especial de caja aforada le permite tener unas normas específicas que este Gobierno negocia con Economía. Una de las razones, según varios consejeros de la caja, es eludir el riesgo de que una entidad competidora -apuntan a los bancos- pueda denunciarla ante la Comisión Europea y ésta la considere una entidad pública y sus inversiones como subvenciones. Hace dos años Bruselas reactivó un expediente abierto en 1997 a Caja Cantabria y se planteó la posibilidad de considerar ayuda pública el crédito que dio (entonces con el 69%% de representantes políticos en su consejo) a la papelera Sniace. Aunque en 2002 la UE cerró el caso sin llegar a tal consideración. Este hecho influyó en el texto de la Ley Financiera.
Tanto la cúpula de la caja como el Gobierno foral han sopesado esta amenaza, confirman fuentes de la entidad, que tampoco descartan un aviso desde el Banco de España para que la caja se pusiera al nivel del resto de entidades. Aunque también ha pesado la conveniencia de cumplir con la Ley Financiera.
Bruselas ya se planteó considerar ayudas públicas créditos de ciertas cajas a empresas
Caja Navarra es una rara avis en el panorama español. Es la única que está presidida por el jefe del Ejecutivo regional (en este caso, foral), Miguel Sanz, de Unión del Pueblo Navarro (UPN), y que incluye a 11 consejeros en el consejo de la entidad. El peso político es del 61%.
Las incógnitas se despejan en enero
La actuación del Gabinete de Sanz al aprobar la reforma de los estatutos sin que esta cuestión pasara por el consejo, ni en forma meramente informativa, ha provocado un gran malestar entre los consejeros. También CC OO, UGT y SEA (Sindicato de Empleados de Ahorro) han criticado la falta de información del Ejecutivo, al que han pedido sin éxito una reunión informativa.
Los únicos datos los han recibido por la prensa regional, que da cuenta, por ejemplo, de que el borrador de decreto impone un tope del 50% del peso político. En enero podrían estar listos los nuevos estatutos, que despejarán todas las incógnitas y supondrán un cambio radical en la caja, tras las negociaciones con el Ministerio de Economía y el visto bueno del Banco de España.
Protestas. La representación de clientes, menor de lo marcado en la ley estatal
¦bull; Menos voz y voto para los impositores (clientes) de Caja Navarra. Es lo que temen tanto los consejeros de la oposición (el consejo está dominado por UPN) como los sindicatos CC OO, UGT y SEA. Según el borrador difundido en la prensa, la caja creará un consejo general (similar a la asamblea en otras entidades, de la que carece Caja Navarra) en el que el peso de impositores sería del 16%, cuando la ley básica de cajas, la Lorca, impone para el resto de cajas un mínimo de representación del 35% y un máximo del 50% en virtud de un cambio impuesto en la Ley Financiera. Las centrales reclaman elevar este porcentaje. ¦bull; Ven mal que la reducción del peso político, por la que previsiblemente saldrán del consejo actuales consejeros del Gobierno foral, se haga para dar entrada a grupos de interés social, económico y cultural, al estilo de lo que ha hecho la ley de cajas madrileña. 'Tememos que haya designación de representantes teóricamente apolíticos pero adscritos a un partido o nombrados por el gobierno', dicen tanto en CC OO como en SEA.¦bull; También protestan porque los trabajadores tendrían una representación del 6%.