Las cajas temen un abuso político de los fondos de la obra social
El aldabonazo de Cataluña al aprobar, por decreto de urgencia, una comisión con mayoría de representantes de la Generalitat que planificará la obra social de las cajas les ha puesto en alerta. Se ha impuesto el temor a que otras autonomías sigan el modelo del consejero de Economía, Francesc Homs, y se produzca un abuso político de los recursos que las cajas destinan a obra social, confirman fuentes del sector. Las cajas lanzaron el primer mensaje hace días con un comunicado en el que mostraban su 'inquietud' por las iniciativas que buscan el control de la obra social.
Ahora se abren varios frentes porque de las seis comunidades que aún tienen que acabar de adaptarse a la Ley Financiera -Castilla La Mancha, La Rioja, Galicia, Cantabria, Navarra y Canarias- al menos las dos primeras prevén incluir una regulación sobre la obra social, confirman en los Gobiernos y las cajas. En Canarias, en principio, está descartado.
Los sindicatos denuncian la situación. CC OO critica que las regulaciones catalana y vasca son claros ejemplos de 'fuerte propensión al control de los recursos de las cajas por parte de los poderes públicos', señala la responsable de Comfia, María Jesús Paredes, que pide más coordinación en las federaciones de cajas.
El último cese, en Caja Rioja
Un año después de la Ley Financiera que buscaba despolitizar las cajas, 'la contradicción es que los hechos demuestran lo contrario', apunta un directivo de una caja mediana. El último caso, la designación, a instancias del ministro Zaplana, del ex presidente de la Generalitat valenciana, José Luis Olivas, para presidir Bancaja.
Algunos ceses de directivos en el último año también tienen origen político, a juicio de sindicatos y del propio sector. El consenso PP-PSOE en el consejo de Caja España produjo la reciente salida del director general, Evaristo del Canto. También por acuerdo de todo el consejo cesó el director general de Caja Rioja, Víctor Fernández Aldana, que fue sustituido en septiembre por Jorge Albájar. En la caja niegan razones políticas y disensiones con la presidencia.
Aragón critica el acoso legal del Gobierno
El Gobierno aragonés lanzó ayer una andanada contra el Ejecutivo central por sus constantes cambios legales exigidos a las cajas en los últimos dos años, aprobados con 'apresuramiento'. El consejero de Economía, Hacienda y Empleo, Eduardo Bandrés, criticó 'el permanente cuestionamiento' a estas entidades en cuestiones de participaciones empresariales, mayor transparencia o sistema de autogobierno, informa Efe.Fue más allá y señaló que las cajas 'no son empresas públicas ni pueden ser el brazo financiero de la política económica de los Gobiernos regionales', dijo en las II Jornadas sobre La singularidad de las cajas de ahorros, en Zaragoza. Pero las 'interferencias del poder central aprobadas sin suficiente consenso territorial no hacen ningún favor a la definición de un campo de juego adecuado para el crecimiento de las cajas'.
Toque de atención al presidente de la CAM
La renovación del consejo en la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) parecía más tranquila que la de Bancaja al no tener que renovar en el cargo su presidente, Vicente Sala. Pero en los últimos días se ha visto alterada por rumores interesados sobre su posible sustitución por el vicepresidente tercero de la caja, Armando Sala, a instancias de Zaplana. Fuentes del consejo lo ven 'muy improbable', aunque otras fuentes califican los rumores, difundidos en Internet, como un toque de atención a Vicente Sala, que ha tenido discrepancias con los consejeros zaplanistas de la CAM, entre ellos un cuñado del ministro y el propio Armando Sala.