La UE expedienta a España por limitar la exportación de cigarrillos a los europeos
La Comisión Europea ha abierto hoy expediente a España por limitar la cantidad de cigarrillos que los turistas europeos pueden sacar del país, según un comunicado. El Ejecutivo comunitario ha pedido a Madrid una respuesta en el plazo de dos meses en su "carta de emplazamiento".
Bruselas, que ha recibido numerosas quejas de turistas a quienes fue confiscado tabaco, alega que "las autoridades están imponiendo restricciones y requisitos injustificados a los particulares que desean salir del país con cigarrillos que han adquirido en el mismo y por los que han abonado impuestos especiales".
De acuerdo con los denunciantes, la apropiación de los bienes respondía a que el turista no presentó la documentación que debe acompañar a las partidas comerciales. El Ejecutivo comunitario interpreta que "las autoridades españolas consideraban que la finalidad de esos bienes era comercial, basándose simplemente en su cantidad". A juicio de la Comisión, ello privaría de forma "inadmisible" a los ciudadanos de sus derechos en lo que respecta al mercado interior.
Reino Unido
Un caso similar le ha costado también un procedimiento a Reino Unido por confiscar bienes, "aun por delitos de escasa entidad", según la nota. El portavoz de Fiscalidad británico se defendió arguyendo que se trata de casos de personas que van al continente y traen alcohol y tabaco no sólo para ellos, "sino también para los amigos". El Ejecutivo comunitario "cree que la política seguida es la de confiscar los bienes, que no se devuelven posteriormente", y también pueden incautarse los posibles vehículos utilizados para su transporte, sin que sean reintegrados posteriormente o sólo bajo ciertas condiciones.
El comisario europeo de Fiscalidad, Frits Bolkestein, puntualizó por tanto que comprende y apoya los esfuerzos en la lucha contra el fraude en materia de impuestos especiales, "pero ello no ha de hacerse a expensas del derecho de los ciudadanos a beneficiarse plenamente del mercado interior".
En el caso de que Madrid o Londres, que ya ha recibido dos cartas de la UE, no respondieran de forma "satisfactoria", la Comisión puede iniciar la segunda fase del procedimiento de infracción, esto es, un requerimiento formal para modifiquen sus prácticas. En última instancia, puede demandarlos ante el Tribunal Europeo de Justicia por inadecuado cumplimiento de la legislación de la UE.