Mayores multas a las empresas que contraten a irregulares
El Gobierno dio ayer una polémica vuelta de tuerca a la legislación laboral aumentando a través de una enmienda a la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos las multas que corresponden a aquellos empresarios que tengan empleados sin permisos de trabajo. Además de las sanciones que se derivan de la Ley de Extranjería, deberán abonar de forma complementaria las cuotas a la Seguridad Social que no hayan liquidado durante el periodo en el que el trabajador extranjero haya prestado sus servicios.
Para posibilitar este aumento de la multa se necesitará una visita previa de la Inspección de Trabajo, seguida del levantamiento del correspondiente acta de infracción. Sobre el papel, la novedad que pretende introducir el PP en la Ley General de la Seguridad Social a través de la Ley de Acompañamiento parece impecable, aunque en la práctica plantea injusticias derivadas del funcionamiento real del mercado laboral y de la situación de necesidad de numerosos inmigrantes. En la actualidad, hay miles de anunciantes demandantes de empleo poco cualificado que carecen de permiso de trabajo, a los que los empresarios se ven imposibilitados de dar de alta en la Seguridad Social ya que cuando van a solicitar los papeles éstos tardan en tramitarse, dependiendo de las circunstancias y de la suerte, entre seis meses y tres años.
Además, para iniciar esta tramitación las oficinas de empleo exigen un certificado en el que quede plasmado que no hay españoles disponibles para desempeñar el puesto de trabajo que se quiere destinar al inmigrante irregular. En suma, es la pescadilla que se muerde la cola: los empresarios no les pueden dar de alta porque no tienen papeles y la Administración no les concede los papeles porque carecen de trabajo, todo un círculo vicioso que fomenta la delincuencia y también la explotación laboral por parte de empleadores desaprensivos.
El PP aprovecha también la Ley de Acompañamiento para trasladar a la legislación española dos directivas comunitarias en la que se extiende más allá del ámbito laboral el principio de no discriminación por motivos de raza, sexo, religión, ideología, orientación sexual y lengua. Dicho principio será aplicable también al ámbito de la sanidad, la educación y la vivienda.
En otra enmienda se crea un consejo para la promoción de la igualdad de trato que, según el portavoz de Presupuestos del Grupo Popular, Jordi de Juan, tendrá como tarea la protección de las víctimas de discriminación en sus distintas vertientes.