Los abogados piden que se endurezca su incompatibilidad con los auditores
Estamos asistiendo a una invasión de lo económico en lo jurídico'. Con esas palabras se quejaba el sábado pasado, en la clausura del VIII Congreso de la Abogacía Española el socio del bufete Gómez Acebo & Pombo, Joaquín García-Romanillos de la situación de la profesión. Es una queja generalizada entre los 1.200 abogados que acaban de reunirse en Salamanca para hablar de los principales problemas que afectan a su profesión. Así, la defensa de la independencia, el intrusismo y el acceso a la abogacía han centrado el análisis que los abogados han hecho de su propia profesión.
Las relaciones entre abogados y auditores volvieron a centrar buena parte de los debates.
A pesar de que dicen ser conscientes de que el ejercicio colectivo, tanto en sociedades de abogados como en multidisciplinares, es una fórmula legítima y que impone la realidad, alertan de la 'absoluta' incompatibilidad del ejercicio conjunto de abogacía y auditoría. Aseguran que la ambigüedad y 'permisividad con que trata el Estatuto General de la Abogacía tal incompatibilidad ha resultado inútil para hacer eficaz ésta, por lo que deberá ser modificada'.
García-Romanillos, que fue el presidente de la ponencia encargada de dirimir sobre la independencia del abogado y las incompatibilidades en el ejercicio de la profesión, considera que el Estatuto de la Abogacía debe modificarse. Los abogados piden que se refuercen las incompatibilidades con los auditores y que se refleje en el estatuto profesional 'para que sea útil y no inútil como hasta ahora'.
Lo cierto es que la redacción de las incompatibilidades en el actual estatuto de la abogacía se revisó en muchas ocasiones ya que causó un buen número de tensiones entre ambos colectivos. Tanto, que el Ministerio de Economía vetó su aprobación hasta que no se suavizaran las incompatibilidades que recogía. El Gobierno aprobó finalmente un Estatuto que establece que un mismo abogado no puede desempeñar labores de auditoría de cuentas. Pero también aclara que 'no se entenderá incompatible esta prestación si se realiza por personas jurídicas distintas y con consejos de administración diferentes'.
Una redacción tibia, en opinión de los abogados, que permite que las firmas auditoras sigan muy interesadas en el negocio jurídico y que genera clientes cautivos.
Otra de las pretensiones de los abogados para garantizar su independencia es la de que la instrucción de los procesos penales la realicen los fiscales y no los jueces. García-Romanillos asegura que el hecho de que el juez sea el instructor hace que el abogado no se sienta libre e independiente a la hora de pedir determinadas diligencias ya que temen que el juez pueda sentirse condicionado por el abogado.
Reforma para legislar el acceso a la profesión
Los abogados han aprovechado su congreso para reclamar la urgente promulgación de una ley de acceso a la abogacía. Según el presidente del Consejo General de la Abogacía, Carlos Carnicer, España es 'el único país occidental' que no tiene regulado el acceso a la profesión.La situación perjudica a los profesionales que sí han cursado una formación a través de la pasantía o de las escuelas de práctica jurídica, y 'de una forma más grave', a los ciudadanos. El Consejo de la Abogacía estima que alrededor del 25% de los letrados ejercen únicamente con su licenciatura.La abogacía ha mostrado su irritación 'porque el legislativo no haya corregido este déficit constitucional', lo que ha permitido que algunos adquieran el título de abogado 'aunque no sea con fines de defensa', en alusión al periodista David Rojo en su actuación en el caso de Alexander King.El Grupo Parlamentario Popular presentó el pasado mes de mayo una proposición de ley de acceso que ha permanecido parada. El ministro de Justicia, José María Michavila, pidió en Salamanca a Rodríguez Zapatero que apoye en el Congreso el texto de la ley de acceso a la abogacía.
Lo que sucede con la Cuota Litis
Cobrar sólo si se gana. Es una fórmula de captación de clientes mediante la cual se acuerda que se cobrará un porcentaje del resultado del asunto en el caso de que se gane.Competencia. El Tribunal de Defensa de la Competencia sancionó a la abogacía con el pago de 180.000 euros por prohibir este tipo de honorarios por considerar que impedía el acceso de los letrados jóvenes a la profesión.Decisión judicial. Una resolución del Supremo del pasado mes de marzo prohíbe la cuota litis como única fórmula de pago.
Por qué quieren evitarlo
Rompe la independencia. La abogacía prohíbe la cuota litis porque pone en cuestión la independencia del abogado, al depender su remuneración sólo del éxito.Perjudica a los jóvenes. Trabajar sin unos honorarios mínimos perjudica especialmente a los abogados jóvenes y beneficia a las grandes firmas que tienen más capacidad económica.Prima de éxito. Los abogados creen que otra cosa es la prima de éxito, compatible con el cobro de honorarios profesionales.