Adicae acusa a Villalonga de ser 'el principal impulsor' de los supuestos delitos en Terra
El objeto de la querella se centra en las actuaciones que fueron 'muy beneficiosas para la matriz y perjudiciales para la filial y para los accionistas', explicó ayer Manuel Pardos Vicente, presidente de la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae), que arrancan desde antes de la salida a Bolsa de la empresa en noviembre de 1999.
Por ello, la asociación reclama la devolución a Terra de su capacidad de generar beneficios en lo que consideran una 'apropiación indebida' del negocio de la firma de Internet. Adicae recuerda que Terra cuenta con 130.000 abonados a las líneas ADSL, mientras que Telefónica tiene un millón. Según un informe presentado junto a la querella, el valor de la acción de Terra sería de 18,59 euros, por lo que el coste para los accionistas ascendería a 7.000 millones de euros.
'La opa sólo ha servido para acelerar el proceso de la querella, ante el temor de que Telefónica pudiera rescatar todo el capital social y le resultara más fácil ocultar los delitos de los que la acusamos', dijo Fernando Pozo Remiro, responsable de los servicios jurídicos.
Telefónica declinó ayer pronunciarse sobre las acusaciones y señaló que aguarda las decisiones de la justicia.
Esta asociación presentó el pasado 21 de julio una querella en la que acusa al ex presidente de Telefónica, los principales consejeros, así como los consejos de administración de Telefónica y Terra de estafa, apropiación indebida, conspiración para alterar el precio de las cosas y delito societario. El 5 de agosto, el juez Baltasar Garzón, de guardia en la Audiencia Nacional, pidió un informe al fiscal, quien, el 19 de septiembre, aconsejó 'la inadmisión de la querella, archivándose el presente procedimiento por no ser los hechos constitutivos de delito'.
Diligencias previas
Es entonces, con el informe del fiscal ya emitido, cuando el 23 de septiembre el juez Guillermo Ruiz Polanco abrió diligencias previas en un auto en el que afirmaba que los hechos 'presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal', quedando el procedimiento 'a disposición para resolver'.
Pardos mostró su satisfacción por la apertura de diligencias previas, ya que, a su juicio, 'el juez escuchará los argumentos de 500.000 accionistas'. También realizó 'una llamada al Gobierno para que ampare a los accionistas' y acusó a los organismos supervisores (CNMV y Banco de España) de que la protección a los ahorradores no es su 'objetivo prioritario'. 'Nunca pedimos a la CNMV que parara la opa, sólo que la investigara', según el presidente de Adicae. Por ello, Pardos señala que la vía penal es la única que han encontrado para 'proteger el ahorro'.
Esta agrupación afirma que está sindicando acciones para lograr convocar una junta extraordinaria, 'pero conseguir el 5% no es fácil de conseguir'. Pardos estima que actualmente cuentan con alrededor del 2,5% del capital.