Los empresarios se sienten inseguros ante la justicia
La lentitud en la resolución de los procesos, unida a la incertidumbre que provocan las sentencias impredecibles, que ante casos similares fallan de manera diferente, genera en la clase empresarial española una sensación de desprotección jurídica
La justicia española tiene mucho que mejorar. Eso es lo que opinan los ciudadanos y lo que cree la clase empresarial española. Un documento elaborado por el Círculo de Empresarios a partir de las opiniones de sus asociados sobre la Administración de justicia revela que éstos sienten una importante insatisfacción respecto al funcionamiento de la justicia. El documento, que se apoya en una encuesta realizada por Metra Seis entre los socios del Círculo, destaca que una gran mayoría (el 56,3%) considera malo o muy malo el funcionamiento de la justicia. Sólo un 7,5% lo califica como bueno. Y el 77,5% afirma que la justicia es excesivamente lenta.
Los empresarios creen, además, que la culpa del mal funcionamiento no radica tanto en las normas jurídicas o en la falta de medios, como en la mala gestión de los órganos encargados de administrar justicia. Consideran que en los procedimientos judiciales siguen existiendo pasos innecesarios o redundantes y 'formalismos excesivos y anacrónicos' que no hacen otra cosa que provocar retrasos injustificados en los procesos.
Y aunque Juan Badosa, presidente del comité de justicia del Círculo de Empresarios, asegura que existe más desencanto respecto al funcionamiento de la justicia que de los jueces, las opiniones de los entrevistados tampoco muestran mucha satisfacción respecto a la formación y especialización de los magistrados. Los empresarios del Círculo creen que los jueces españoles no están técnicamente bien preparados para resolver cuestiones que afectan a las empresas. Un 81,3% lo cree así. Pero además el 92,5% considera necesario que se mejore su formación en materias económicas y contables.
Pero una de las quejas más generalizadas de quienes tienen que acudir con regularidad a los tribunales es la gran incertidumbre que sienten cuando son parte en un proceso.
Incertidumbre
Los empresarios se quejan de que casos muy similares son fallados de manera distinta debido a las diferentes interpretaciones que los jueces pueden hacer de un mismo precepto legal. Esta situación provoca, en opinión de los empresarios, 'una sensación de inseguridad claramente nociva para la actividad empresarial'. Los socios del Círculo de Empresarios estiman que a la hora de decidir una inversión o diseñar una determinada estrategia para la empresa es importante saber si podrá llevarse a cabo sin problemas o sufrirá costes superiores a los planeados. Esta incertidumbre, dicen, puede 'disuadir a más de una empresa a continuar con los planes previstos'
El documento, denominado Justicia, economía y empresa, apunta una posible solución al problema de exceso de capacidad interpretativa de los jueces. Se trata de reforzar el papel del Tribunal Supremo como unificador de doctrina legal, 'así como adoptar medidas correctivas de los excesos de interpretación de los jueces'.
Los empresarios tampoco se sienten respaldados por los jueces. Dicen que no basta un mayor conocimiento de las instituciones económicas para conseguir una justicia más eficiente, sino conseguir una actitud más comprensiva hacia el mundo de la empresa.
El informe asegura que existe una 'actitud a menudo poco proclive a la empresa y al mercado' por parte de los jueces. Algo que no consideran que esté ligado a una determinada ideología política, 'sino que viene, más bien, condicionada por unos esquemas de valores más dirigidos con frecuencia a la redistribución de la renta y a la defensa de la parte considerada teóricamente más débil en las relaciones contractuales'. Aseguran que esta tendencia es especialmente destacable en el campo del derecho laboral. El 90% de los encuestados piensa que los jueces de lo social tienden a dar la razón al trabajador frente al empresario. Y este porcentaje llega al 97,2% cuando suscriben la idea de que la mayoría de los jueces valoran más los intereses de los trabajadores que los de los empresarios.
Los retrasos sólo benefician a los litigantes de mala fe
Los retrasos de la justicia producen un buen número de problemas para la mayor parte de los ciudadanos y de las empresas. Sin embargo, el documento elaborado por el Círculo asegura que siempre hay quien se beneficia de las dilaciones en los procesos. 'Muchos de quienes se encuentran en el lado de los demandados, sobre todo si se les pide por vía judicial el pago de una determinada cantidad de dinero, resultan beneficiados de la existencia de procesos largos y una larga serie de posibles recursos', explican.Los empresarios aseguran que no son raros los casos en que la parte que gana un juicio acuerda una reducción del dinero que debe cobrar a cambio de que quien ha perdido el juicio renuncie a recurrir y retrasar así un caso.
Tasas selectivas, pero no discriminatorias
Los empresarios apoyan la reintroducción de las tasas judiciales. Creen que reducen la litigiosidad excesiva y sirven de freno para quienes deciden pleitear sólo para alargar el plazo del cumplimiento de sus obligaciones. La Ley de Acompañamiento del año pasado estableció tasas en los órdenes civil y contencioso-administrativo, con algunas excepciones, como en los casos relacionados con el derecho de familia y sucesiones. Además exime del pago a entidades sin ánimo de lucro y a empresas de reducida dimensión. 'Esto significa un claro tratamiento discriminatorio', se quejan los empresarios. El presidente del comité de justicia del Círculo, Juan Badosa, opina que las tasas tienen que ser selectivas, 'pero no discriminatorias'.
Modernizar la gestión de los tribunales
Las oficinas judiciales funcionan peor que otros servicios públicos. Esta es una de las quejas de los empresarios respecto al funcionamiento de la justicia. Y, sin embargo, creen que no se trata únicamente de falta de medios materiales o humanos, sino de la 'clamorosa ausencia de sistemas modernos de gestión'. El 92,5% de los socios del Círculo apoya la conveniencia de aplicar técnicas de gestión empresarial a las oficinas judiciales. Y proponen la creación de la figura de gerente de la oficina judicial, al que se atribuirían algunas de las funciones que hoy desempeñan los secretarios judiciales, como la gestión administrativa y la de personal. Un 66,2% apuesta, además, por que se remunere a los jueces en función de su productividad.