El Instituto de Estudios Fiscales pide más peso para los tributos regionales
La reciente reforma del modelo de financiación autonómica (entró en vigor en enero de 2002), por el que se amplía la autonomía de las comunidades y su capacidad financiera, no está exenta de críticas por parte de los expertos en la cuestión. Es lo que ocurre con el informe que acaba de publicar el Instituto de Estudios Fiscales (dependiente del Ministerio de Hacienda).
Los autores del estudio, los profesores Diego Gómez y Alfredo Iglesias, elogian el avance alcanzado con el nuevo modelo en materia de corresponsabilidad fiscal, pero creen necesario que las comunidades autónomas obtengan una mayor parte de sus recursos a través de tributos propios. Para ello solicitan a la Administración central un mayor impulso normativo que facilite esta labor.
En la actualidad, los tributos propios sólo aportan un 3% de los ingresos impositivos regionales y cerca del 1% del total de sus ingresos no financieros (86.000 millones de euros, en 2002).
El informe advierte que, mientras no se dé más relevancia a los recursos propios y se deje el peso de la financiación en manos de tributos cedidos como el IRPF o el IVA, 'asistiremos a continuos episodios de tensión entre el Ejecutivo nacional y los Gobiernos autonómicos por hacer prevalecer sus intereses y mantener bajo su control la distribución de las fuentes impositivas', al tiempo que la resolución de los potenciales conflictos 'se dejan al arbitrio de un órgano políticamente influenciable'.
De esta forma, Gómez e Iglesias valoran positivamente la 'arriesgada apuesta' y el 'alarde de ingenio' en favor de la tributación propia que representan tributos como el catalán y navarro sobre grandes establecimientos comerciales, el impuesto extremeño sobre la banca y el impuesto sobre las estancias en empresas turísticas de alojamiento, de Baleares (conocido como ecotasa y que el nuevo Gobierno regional de Jaume Matas ha decidido suprimir).
Los autores reconocen el 'limitado margen de actuación real' de las CC AA, 'rígidamente encorsetado entre los hechos imponibles que gravan, por su parte, el Estado y las corporaciones locales. Estos límites se ven reflejados en la Constitución, la propia ley orgánica que regula las comunidades (Lofca) y sentencias recientes como la hecha pública por el Tribunal Constitucional en el año 2000.
'Ello hace derivar la imposición propia hacia materias residuales o marginales, de reducida flexibilidad en sus bases y alcance recaudatorio limitado', avisan.
Medio ambiente
Un ejemplo claro lo constituyen los tributos medioambientales aplicados por algunas comunidades autónomas (Andalucía, Baleares, Valencia, Extremadura y Galicia), que ven reducidos sus efectos por lo limitado de su ámbito de aplicación, circunscrito a territorios y agentes muy puntuales.
Sería necesario superar este marco fragmentario en los impuestos propios. Los autores sólo ven clara esta línea de actuación en los tributos ligados al juego. El impuesto sobre el juego, cedido por el Estado a las comunidades, figura ya como tributo propio autonómico, al que algunas comunidades han establecido, incluso, algún tipo de recargo. La recaudación por este concepto supera los 1.200 millones de euros anuales. Precisamente es el juego, particularmente en la modalidad del bingo, en donde las comunidades autónomas han encontrado el resquicio legal más significativo.
El modelo de financiación autonómica, vigente desde enero de 2002, supone una mayor cesión de tributos estatales. Las comunidades disponen del 33% de la recaudación del IRPF, del 35% del IVA, del 40% de los impuestos especiales sobre la cerveza, hidrocarburos, labores de tabaco y electricidad, y el 100% del impuesto especial sobre electricidad y sobre determinados medios de transporte.
Pero, excepto del IRPF, no tienen capacidad normativa sobre el resto, lo que limita su margen de actuación y su corresponsabilidad.