El Gobierno obliga por ley a conectar todos los servicios de empleo
El Consejo de Ministros aprobó ayer la Ley de Empleo con el objetivo de mejorar la intermediación laboral como instrumento básico del mercado de trabajo y modernizar los servicios públicos.
El Ejecutivo explica que los distintos servicios públicos de empleo, estatal o autonómicos, cooperarán y coordinarán sus actuaciones para ayudar a los desempleados a encontrar un empleo adecuado a sus características y a las empresas a contratar a los trabajadores que necesitan. La cooperación se extiende a otras entidades laborales, como agencias de colocación, empresas de trabajo temporal y organizaciones sindicales y empresariales.
El texto remitido a las Cortes ha sido pactado con las comunidades autónomas, sindicatos y patronal, que expresaron su satisfacción por la aprobación de la ley.
El ministerio justifica que el proyecto adecua el marco de actuación para las políticas de empleo al reparto constitucional de competencias y a las necesidades de ajuste a la estrategia europea hacia el pleno empleo.
CC OO y UGT destacaron ayer las modificaciones hechas por su presión, relativas al reconocimiento de que la política de empleo comprende tanto la inserción de los demandantes de trabajo como la acción protectora de las prestaciones por desempleo. Las centrales sostienen además que ahora se garantiza que la intermediación en la colocación corresponde fundamentalmente a los servicios públicos de empleo y a las agencias de colocación sin fines lucrativos, y se solventa la 'indefinición' respecto a que la gestión y control de las prestaciones es competencia del Servicio Público Estatal.
El Consejo de Ministros también inició los trámites para la reforma de la Ley de Reproducción Asistida que permitirá destinar a investigación las células madre de embriones congelados sobrantes. Para ello, los padres sometidos a procesos de fecundación in vitro deberán dar su consentimiento informado al uso científico de los embriones sobrantes.