Las Cámaras rechazan la futura ley de firma digital
Contradice la legislación española y resulta discriminatoria para las empresas nacionales. æpermil;stas son las dos grandes críticas que las cámaras de comercio sostienen frente al proyecto de ley de firma electrónica que se está tramitando en el Congreso. Así, el consejo general que representa a estas entidades ha presentado más de 30 enmiendas ante los grupos parlamentarios para manifestar su postura sobre el texto.
Según fuentes del organismo, la futura norma contradice algunas de las disposiciones actuales que regulan las nuevas tecnologías en España, lo que puede provocar 'niveles indeseados de inseguridad jurídica' y resulta discriminatoria para las compañías españolas.
Como ejemplo de esta situación, las cámaras recuerdan que la futura ley exige a las empresas españolas el consentimiento expreso del titular del correo electrónico para poder enviar información sobre sus productos o servicios, sin que sea suficiente el consentimiento tácito ni siquiera en una relación comercial ordinaria.
Otra de las críticas del organismo se refiere al hecho de que en el proyecto se recoge 'regulación contraria a la existente en España sobre protección de datos', que puede limitar y dificultar la iniciativa empresarial en el sector.
Incompatibilidades
Por otro lado, las enmiendas recuerdan que la norma elaborada por el Gobierno exige a las empresas contar con sistemas estándar de firma electrónica que no se equiparan a los existentes en Europa, 'lo que no garantiza la compatibilidad de los sistemas españoles con los europeos'.
El organismo asegura también que el régimen de responsabilidades de los prestadores de servicios de certificación es más riguroso que el contemplado en la directiva comunitaria.
'No existe un reconocimiento general de la firma electrónica por parte de la Administración, de tal manera que las empresas prestadoras de servicios de certificación no pueden ofrecer sus productos en sus relaciones con las Administraciones públicas', explican fuentes del organismo. æpermil;ste asegura que el proyecto pretende que cada Administración en particular reconozca los certificados con los que opera, 'cuando lo lógico sería establecer unos estándares nacionales a cumplir por los prestadores de servicios y, si los cumplen, poder actuar con la Administración'. Hasta el momento sólo la Agencia Tributaria ha fijado esos estándares, algo que, según las Cámaras, está limitando la libre competencia en el sector.
Recientemente se constituyó el Foro de Firma Electrónica, en el que tanto Administraciones públicas como empresas (prestadores de servicios de certificación, proveedores de soluciones tecnológicas, empresas de consultoría tecnológica y legal, despachos de abogados y representantes del mundo académico) manifiestan sus puntos de vista sobre la nueva regulación.