La reforma contable mantendrá el valor de los inmuebles a precio de adquisición

El presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoria de Cuentas (ICAC), José Luis López Combarros, anunció ayer que el borrador de reforma contable que está elaborando el instituto propondrá al Gobierno que 'se adapte el criterio de valor razonable en vez del criterio de coste histórico que se aplica hasta ahora', siguiendo de esta forma los criterio de las normas internacionales de contabilidad (NIC). Sin embargo, Combarros informó que este criterio se aplicará a 'inversiones temporales, a activos y pasivos financieros y a derivados, pero no a la revalorización de inmuebles', que se seguirán contabilizando con el criterio de coste de adquisición. Este anuncio generó las criticas de diferentes sectores. El catedrático de economía de la Universidad Pompeu Fabra, Oriol Amat, indicó que este tipo de excepciones son las que pueden impedir que la aplicación de las NIC en los diferentes países de Europa permitan una contabilidad verdaderamente comparable. También indicó que impedir que se refleje el valor real es 'como valorar el piso de cada uno según el valor catastral, que es un baremo puramente fiscal'. Por su parte, el socio director de Cushman & Wakefield, Xavier Cama, afirmó que 'se pierde una oportunidad de dar transparencia a los balances, pero las empresas continuarán necesitando los servicios de las tasadoras para demostrar que valen sus activos'. El presidente del ICAC adelantó algunos de los principios y principales problemas con que se enfrenta el borrador de reforma contable. En su opinión, 'la adaptación a las NIC no debe hacernos perder el grado de armonización interna del que gozamos en España' y también agregó que 'la Administración mantendrá la reserva de ley para calcular el impuesto de sociedades', aunque aseguró que harán todos los esfuerzo para evitar que se agudicen las divergencias en este sentido. Además, añadió que el ICAC está elaborando un proyecto de contabilidad muy simplificada para pymes que se encuadra dentro del desarrollo de la ley de nueva empresa aprobada por el Gobierno. Este proyecto permitirá simplificar muchos los trámites 'a unas 700.000 empresas y a un millón de empresarios individuales', afirmó Combarros.