Una acusación particular pedirá 150 años de prisión para Botín y 3 directivos
La Asociación para la Defensa de Inversores y Clientes tiene previsto pedir penas de hasta 150 años de cárcel para el presidente de la entidad, Emilio Botín, y para otros tres directivos del banco, por cooperación en delito fiscal, en el caso de las §cesiones de crédito§ del SCH . Así lo ha asegurado hoy el abogado que representa en esta causa esta asociación, Iván Hernández, quien ha adelantado, asimismo, que esta acusación también pedirá otros 4 años de prisión para cada uno de los 38 inversores que utilizaron las cesiones para evadir impuestos, y que ahora podrían ser imputados en un juicio oral.
El pasado 24 de junio, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional autorizó a la juez que instruye el caso, Teresa Palacios, a abrir vista oral contra el presidente del SCH, Emilio Botín, y varios ex directivos de la entidad, por haber cooperado en la comisión de 38 delitos fiscales al comercializar las llamadas cesiones de crédito. Hernández ha explicado que la apertura de un juicio contra Botín, los directivos del banco y los 38 inversores, es ¢inevitable¢, dado que Palacios tendrá que abrir automáticamente la vista oral si recibe algún escrito de acusación dictado por alguna de las partes.
Un juicio inevitable
Al margen de la Asociación para la Defensa de los Inversores y Clientes, la otra acusación popular en este caso, la representada por Iniciativa por Cataluña-Los Verdes, también confirmó recientemente su intención de presentar escritos de acusación. De esta manera, la juez se verá capacitada para abrir el juicio oral que sentaría en el banquillo al presidente del ¢mayor poder económico de España¢, ha apuntado Hernández, pese a que fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño, solicitó ayer el sobreseimiento provisional y el archivo del caso.
No obstante, la apertura de la vista oral se podría retrasar hasta principios del año que viene, puesto que los trámites a seguir a partir de ahora, comunicación de la causa y presentación de los escritos de acusación y de alegación, ¢llevan su tiempo¢.
Este caso comenzó a finales de los años 80 cuando varias entidades financieras iniciaron la comercialización de productos fiscalmente opacos a Hacienda, como fueron las cesiones de crédito, y también las llamadas ¢primas únicas¢. La investigación contra el SCH empezó cuando se descubrió que el banco proporcionó a Hacienda un listado de clientes que habían utilizado estos instrumentos que contenía algunos titulares ficticios.