Ocho condenados en el juicio del 'caso Ardystil' que provocó seis muertos
La Audiencia de Alicante condenó ayer a ocho de los once procesados por el denominado síndrome Ardystil, que provocó la muerte de seis trabajadores del sector textil del área industrial de Alcoy y enfermedades a otros 67 en 1992. Los condenados, tres empresas, la Generalitat -responsable civil subsidiaria- y la compañía de seguros La Unión Alcoyana deberán pagar más de 4,13 millones de euros por las secuelas, así como 72,12 euros a cada afectado por cada día de baja.
Los jueces rechazan declarar responsables civiles subsidiarios a tres empresas químicas, Bayer, ICI y Solvay, que suministraban las sustancias químicas.
El fallo condena a la principal encausada, Juana Llácer, propietaria de la empresa que dio nombre al síndrome, a una pena de seis años y un día de prisión mayor por un delito de imprudencia, y otra de un mes y un día de arresto por delito contra la seguridad de los trabajadores. Asimismo, condena a un inspector de Trabajo que visitó esta fábrica, Alfredo Ortolá, a seis meses y un día de prisión menor por un delito de imprudencia temeraria, razón por la que la Generalitat ha sido declarada responsable civil subsidiaria, y a sendas penas de 10 días de arresto a otros seis procesados.
De acuerdo con la sentencia, el síndrome Ardystil se detectó en 1992 en seis empresas de aerografía -estampación de tejidos mediante pulverización con pistolas neumáticas- de Alcoy, Muro de Alcoy y Cocentaina, al norte de la provincia de Alicante, y fue declarado enfermedad profesional por el Gobierno en 1993.
La exposición de los trabajadores a productos tóxicos en el ambiente laboral, unida a la falta de medidas de protección en las empresas, como ventilación o mascarillas, fue la causa de que contrajeran patologías respiratorias como la fibrosis pulmonar, según los magistrados. El tribunal considera que Juana Llácer cometió un 'delito de imprudencia temeraria profesional de extrema gravedad' y otro contra la seguridad de los trabajadores.