39 fiscales jefe cesan mañana en sus cargos en medio de una fuerte polémica

Un total de 39 fiscales jefe cesarán mañana en sus cargos al entrar en vigor el nuevo Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que limita a cinco años su mandato. La reforma, que ha generado gran nerviosismo y polémica en la carrera, es calificada por muchos fiscales y algún partido político como una 'operación de caza y captura' contra los que son molestos para el Gobierno.

Entre los fiscales que mañana pasarán a ocupar sus puestos en funciones hasta que se decida su sucesor están Carlos Jiménez Villarejo, fiscal jefe Anticorrupción; Mariano Fernández Bermejo, jefe de la Fiscalía de Madrid; José Aranda, fiscal jefe de la Sala Penal del Supremo, y Juan José Martínez Zato, jefe de la Inspección Fiscal.

Curiosamente, o para algunos tal vez por ello, estos son algunos de los fiscales que más quebraderos de cabeza han dado al Gobierno del Partido Popular desde su llegada al poder, y han sido múltiples sus enfrentamientos tanto con el ministro de Justicia, José María Michavila, como con el fiscal general del Estado, Jesús Cardenal.

El Gobierno de Aznar logró aprobar, el pasado mes de mayo, el nuevo Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal con los votos de CiU, PNV y Coalición Canaria. El texto, que entra mañana en vigor, es interpretado por muchos como una forma de depurar a los fiscales díscolos con el Gobierno, por cuanto limita a cinco años el cargo de los fiscales jefes. Todos ellos pueden pedir la renovación de sus puestos, y el Consejo Fiscal, organismo consultivo del fiscal del Estado, propondrá la lista de confirmados o los que deben ser renovados.

Este informe, sin embargo, no es vinculante, y en última instancia corresponde únicamente al fiscal general del Estado decidir quién sigue en su puesto y quién no.

Algunos fiscales, sin embargo, ya han recibido la notificación, por parte de la Fiscalía General de que, aunque se presenten de nuevo para el cargo, no serán reelegidos. Es el caso de Juan José Martínez Zato (inspector fiscal) y Carlos Jiménez Villarejo (jefe de la Fiscalía Anticorrupción). En la carrera fiscal existe un creciente malestar por lo que muchos consideran una Administración de justicia 'propia de país subdesarrollado'.

'Es inconcebible concentrar tanto poder en una persona tan dependiente del Gobierno como el fiscal general del Estado', asegura Antonio Camacho, portavoz de la Unión Progresista de Fiscales (UPF). 'La duración temporal del cargo de fiscal jefe es necesaria, pero para eso se necesita primero un fiscal general independiente'.

La propuesta de limitar el cargo de fiscal general y dotarlo de mayor autonomía respecto al Gobierno de turno, como dicta el Consejo de Europa, estuvo entre las iniciativas que el Partido Popular puso encima de la mesa poco después de llegar al poder, en 1996. Pero luego ese afán se fue diluyendo hasta quedar en nada.

'Es muy goloso para un Gobierno poder controlar al fiscal general, porque así se controla todo el sistema judicial del país', afirma un magistrado de la Audiencia Nacional que prefiere ocultar su nombre.

En el caso del fiscal Anticorrupción, su cargo está en el punto de mira del Gobierno casi desde el mismo día de la creación de esta fiscalía especial, hace siete años. Desde entonces se han dictado 33 sentencias en procedimientos competencia de la fiscalía, 29 de ellas condenatorias.

Sin embargo, muchos han sido también los casos investigados por Anticorrupción que han sido bloqueados por parte del fiscal general del Estado, como la querella contra Repsol y Cepsa por pactar presuntamente los precios de los carburantes, o la imputación de Josep Piqué por el caso Ercros.

Cardenal se ha mostrado también contrario a que sea Anticorrupción quien investigue la trama inmobiliaria y de corrupción que presuntamente existe alrededor de los dos diputados tránsfugas del PSOE. Los nuevos cargos, tanto de la Fiscalía Anticorrupción como de la Inspección Fiscal y de la Fiscalía de Madrid, se conocerán en los próximos días, aunque el Gobierno, a través de la Fiscalía General, ya ha empezado a hacer llamadas a fiscales más 'amables' que los que mañana cesan.

Gescartera, el último escándalo aún abierto

También correspondió investigarlo a un fiscal Anticorrupción, Vicente González Mota, el caso de la agencia de valores responsable del mayor agujero bursátil de la historia española, 18.000 millones de pesetas (108 millones de euros). Una de las primeras medidas que el fiscal pidió al juez fue el bloqueo de las cuentas que Antonio Camacho tenía abiertas en Suiza. El caso está ahora a la espera de que la jueza Palacios concluya la citación de testigos y emita un auto. Por ahora, ha denegado la rebaja de la fianza que solicitó Camacho para poder salir de prisión.

Gil apura los recursos para evitar la cárcel

Jesús Gil y Gil ha sido investigado por el fiscal Carlos Castresana desde que éste llegó a Anticorrupción. Tras años de investigación, entre amenazas, pinchazos telefónicos e insultos por parte del ex alcalde de Marbella, la investigación de Castresana sirvió para que, en el mes de febrero, la Audiencia Nacional le condenara a tres años y cuatro meses de cárcel por el caso Atlético. Además, la sentencia le obligó a depositar sus acciones del Atlético (95% del club) en el juzgado. Gil ha recurrido la sentencia ante el Supremo, con la esperanza de evitar un nuevo ingreso en prisión.

Mario Conde, condenado dos veces a prisión

El banquero más querido y odiado de la democracia fue juzgado por el caso Banesto y condenado a 10 años y dos meses de prisión por apropiación indebida y estafa. Los fiscales adscritos a este caso, Luis López Sanz y Javier Sánchez Junco, también pertenecían a Anticorrupción y recurrieron al Tribunal Supremo para que la condena fuera aumentada. Conde había sido absuelto de la operación Salida de 300 millones que, según Conde, sirvió para pagar la mediación de Adolfo Suárez. El ex banquero volvió a prisión un año después por el caso Argentia Trust.

La apropiación indebida de Luis Roldán

El caso Roldán fue uno de los primeros, y de los más sonados, que tuvo, en 1997, la Fiscalía Anticorrupción. La sentencia, que condenó al ex director general de la Guardia Civil a 28 años de cárcel, acogió íntegramente las tesis de Alejandro Luzón, el fiscal Anticorrupción que dirigió las investigaciones. La juez Ana Ferrer condenó a Roldán, en febrero de 1998, por apropiarse de fondos públicos destinados a gastos reservados, por obtener de las empresas constructoras comisiones a cambio de la adjudicación de contratos y por ocultar un importante patrimonio a Hacienda.