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Frente judicial del Santander

La Audiencia autoriza abrir juicio oral a Botín por las cesiones de crédito

De esta forma, la Sala estima parcialmente los recursos presentados por el fiscal, Botín, el ex consejero Rodrigo Echenique y los ex directivos José Ignacio Uclés (entonces jefe de la asesoría jurídica), Ricardo Alonso (ex jefe central contable y director general adjunto) y por el propio banco. El cuarto imputado es Lorenzo Solana, ex subdirector adjunto a la dirección de sucursales.

Contra este auto no se puede interponer recurso. Si bien aún tienen que pronunciarse el fiscal general del Estado y el abogado del Estado, que hasta ahora han respaldado la postura del Santander Central Hispano y han pedido archivar el caso. De hecho, el banco confía en que sus escritos lo reiteren. Y no descarta acudir al Tribunal Constitucional en última instancia, algo que los abogados de la entidad estuvieron estudiando ayer.

En cualquier caso, será la jueza Palacios la que decida si abre o no juicio oral. Y el auto recuerda, además, que ésta puede decidir un sobreseimiento parcial. Ahora ha dado dos meses a la Asociación para la Defensa de Inversores y Clientes, una de las principales acusaciones, para presentar su escrito de acusación, a lo que se unen otros dos meses para las defensas y todo un largo trámite que puede demorar la decisión de juicio al menos un año, según fuentes jurídicas.

'En el juicio Botín no se librará de acudir a la Audiencia todos los días', según el abogado Iván Hernández, que representa a la citada asociación y lleva otros casos contra el SCH.

'Encubrimiento'

Los 100 delitos fiscales y de falsedad presuntamente cometidos en 1988 ya no serán juzgados por la Audiencia y se trasladarán a los juzgados de instrucción locales correspondientes. Sólo se verán en un posible y maratoniano juicio en la Audiencia los 38 presuntos delitos fiscales referidos al año 1989, ya que antes de esa fecha, el banco 'se limita a favorecer a sus clientes con los huecos de la legislación fiscal', dice la Sala, y no es hasta ese año cuando Hacienda empieza a inspeccionar las cesiones, que evaden impuestos. Los magistrados de la sala califican de 'ejemplar' el auto de Palacios recurrido por las partes. Dictado hace un año, sirvió para impulsar un caso que estuvo dormido durante largo tiempo. La jueza tiene otro frente abierto contra Botín por los pagos al ex copresidente José María Amusátegui.

Sí hay un 'indudable encubrimiento' cuando la Agencia Tributaria pide información sobre los titulares de las cesiones y aparece la 'resistencia' a dar información, pero esto no es susceptible de delito penal. Sin embargo, sí hay indicios de participación en los 38 delitos fiscales del ejercicio 1989 cuando a los inversores se les informa de que a Hacienda se le ha comunicado otra identidad que no es la suya, 'inveraz', dice el auto, cuando 'el banco conoce perfectamente' la verdadera. También se destaca la 'información deliberadamente defectuosa' al fisco.

'Directriz' de la cúpula

La imputación de Botín y cuatro ex directivos aparece plenamente justificada en el auto, que afirma que ha tenido que haber una 'directriz central que planifique toda la logística necesaria para la ocultación de la verdadera identidad de los inversores'.

La jueza tendrá que aclarar los conceptos de falsedad y de cooperación en el auto en el que decida sobre el juicio, lo que puede acotar la implicación de los imputados.

Por otra parte, el recurso presentado por el ex consejero de Obras Públicas de Zaplana, Luis Fernando Cartagena, implicado en el caso, tendrá que resolverse aparte según el auto.

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