La Seguridad Social podrá comprar deuda de las autonomías
PP y CiU acordaron ayer la posibilidad de que el fondo de reserva de la Seguridad Social pueda adquirir títulos de deuda pública emitida por las comunidades autónomas, según señaló el portavoz del PP en la ponencia del proyecto de ley reguladora del fondo de reserva de la Seguridad Social, Tomás Burgos.
Desde el PP se considera aceptable esta posibilidad en cuanto que la ley 'permite' esta aplicación, al tiempo que supone una vía de 'rentabilidad' a largo plazo del propio fondo de reserva. Así, se estudiaría si la deuda pública que emiten las comunidades autónomas cumplen una serie de requisitos en cuanto a 'seguridad' y, de ser así, sería adquirido por el fondo a modo de inversión.
æpermil;ste fue uno de los acuerdos alcanzados ayer en la ponencia encargada de informar sobre el proyecto de ley, que se reunió en el Congreso, en la que no se aceptó ninguna enmienda de las presentadas por los grupos, pero sí se produjeron 'aproximaciones'.
Así, el acercamiento de posiciones entre las partes se plasmará, previsiblemente, con la aprobación de las enmiendas de los grupos que vayan en este sentido, que se someterán hoy a votación en la Comisión de Política Social y Empleo con competencia legislativa plena, por lo que el texto que salga de esta comisión se remitirá al Senado.
Otros acuerdos
Otro de los temas donde se ha dejado ver cierto acuerdo es el referido a permitir a las comunidades autónomas estar presentes en la Comisión de Seguimiento del Fondo de Reserva, que realizará un control de la utilización del fondo. A este respecto, y según señaló Burgos, el PP es 'favorable a buscar una fórmula' para dar cabida en este órgano a las autonomías.
Si bien el parlamentario del PP precisó que aunque están 'abiertos a esa posibilidad', lo condicionan a que ello no conlleve la pérdida de efectividad de dicha comisión, ya que supondría aumentar en gran medida sus miembros, lo que podría ralentizar su funcionamiento.
La Mesa del Pacto de Toledo, también reunida ayer, se mostró partidaria de reducir el plazo de separación de las fuentes de financiación de la Seguridad Social para que los complementos a mínimos sean financiados con cargo a las aportaciones del Estado antes de 12 años, límite máximo que fijaron Gobierno, CC OO y CEOE en el acuerdo de pensiones de 2001.