'Seny' y apuestas en sectores regulados
Gerard Pérez Olmo subraya las dificultades con que se topan las operaciones empresariales en los sectores regulados en España. Entre ellas, destaca unas facultades de intervención administrativa altamente discrecionales
Dícese del conocido seny catalán que es algo parecido a la búsqueda de un justo y sereno equilibrio de las cosas y los estados. Lo cierto es que numerosas son las situaciones que requieren de un enfoque lo más equilibrado posible, que ponen a prueba la capacidad individual y colectiva de atar varios hilos a la vez, nadar y guardar la ropa, avanzar sin molestar a demasiada gente. En el ámbito empresarial, estas situaciones se dan de forma continua, aunque a veces ni el más desarrollado de los senys universales sea capaz de prever todas las consecuencias de una determinada apuesta.
Un sector regulado como la energía es uno de esos ámbitos en que cualquier decisión empresarial, sobre todo cuando hablamos de operadores de cierta magnitud, no puede tomarse sin que antes, durante e incluso después de la misma se lleve a cabo un complejo ejercicio de encaje de bolillos, de búsqueda de equilibrios entre muy distintos intereses en juego. Si a ese conjunto de intereses enfrentados añadimos unas facultades de intervención administrativa altamente discrecionales, el plato hirviendo está servido.
En la fallida opa de Gas Natural sobre Iberdrola tenemos un buen ejemplo del complejo abanico de factores que pueden hacer que, en una economía que se presume liberal, sea francamente complicado sacar adelante operaciones de cierta magnitud en sectores especialmente sensibles para la economía nacional.
La fallida opa de Gas Natural sobre Iberdrola es un buen ejemplo del complejo abanico de factores que pueden complicar operaciones de cierta magnitud
La conocida resolución de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) desautorizando el desarrollo de la operación planteada por Gas Natural ha puesto el acento en diversos problemas, presuntamente insalvables, que según la Comisión hacían inviable la operación. Esencialmente, dichos problemas se han atribuido al arriesgado planteamiento económico: el elevado grado de endeudamiento asumido por Gas Natural hacía peligrar el futuro de su principal misión como distribuidora de gas nacional. Por lo demás, según la CNE, no es de recibo que Gas Natural utilice buena parte de sus fondos propios, obtenidos a partir de un régimen de tarifas favorecido precisamente para promover el desarrollo de la red gasística en España, para apalancarse y entrar en otro sector regulado como el de la electricidad, más consolidado y en el que la competencia viene haciendo cierta mella en las tarifas aplicables por las empresas.
La CNE ha identificado un insalvable riesgo para las futuras inversiones en gas y electricidad, sin que aparentemente le hayan convencido las garantías y compromisos ofrecidos a este respecto, y desde el principio, por la propia Gas Natural.
Como estocada final, el informe de la CNE ha señalado la imposibilidad de imponer condiciones a una operación planteada en forma de opa, dada la presunta inviabilidad del control de su posterior cumplimiento, asociada al carácter irreversible de una opa ya consolidada. Tal vez sea ésta la parte menos razonada, y por tanto más criticable, de la mencionada resolución de la CNE.
Gas Natural ha reaccionado con estupefacción ante este posicionamiento de la CNE, que ha optado por desautorizar directamente la primera operación que analiza entre operadores energéticos españoles de los sectores del gas y la electricidad. Una apuesta por la integración intersectorial que no dejaba de ser arriesgada, dada la existencia de precedentes, como el intento de toma de control conjunto de Gas Aragón SA por la propia Gas Natural y Endesa, desautorizada, ya en 1999, por el Tribunal de Defensa de la Competencia.
En vista de lo que ya le pasó en su día, tal vez pensó Gas Natural que, superado el análisis formal de la opa por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, serían el Servicio de Defensa de la Competencia, y posteriormente el Tribunal de Defensa de la Competencia, los que le plantearan las más serias objeciones sobre la viabilidad de la operación.
Contrariamente a lo que le ha venido a decir la CNE, en el sentido de que hay que asegurar las inversiones tanto en gas como en electricidad, es probable que las autoridades de competencia hubiesen propuesto a Gas Natural precisamente la necesidad de desprenderse de activos (existentes o en proyecto) de forma suficiente para permitir la entrada de nuevos y potentes operadores en los mercados del gas y la electricidad.
Sostendría Gas Natural que, de modo parecido a lo sucedido con la fallida megafusión de Endesa e Iberdrola, tanto la CNE como las autoridades de Competencia deberían considerar la posibilidad de que una operación que aparentemente no hacía sino reforzar una clara posición de dominio de un operador energético, podría ser aprovechada para reestructurar el panorama energético e introducir mayor competencia en un sector como el gas o la propia electricidad. En ese caso, no fueron las autoridades, sino las empresas las que se echaron atrás, a la vista de las condiciones impuestas.
La operación de Gas Natural en busca de un megaoperador energético que también se beneficiara de las sinergias verticales que permiten generar electricidad a partir del gas ha topado con la incomprensión de muchos, incluso desde dentro de la propia empresa apostante, desde su mismísima salida a la luz.
Y es que probablemente, por mucho seny que se intente poner encima de la mesa, resulta cada vez más difícil prever cuál va a ser el resultado de la combinación de tantos intereses en juego. Los sectores regulados representan un pastel demasiado goloso como para predecir dónde va estar el justo equilibrio entre los intereses de directivos, accionistas, Administración y ciudadanos de a pie, incluidos los políticos.