La cotización de las empleadas de hogar de familias numerosas se reduce un 45%
Con el horizonte de las elecciones municipales y autonómicas del 25 de mayo el Gobierno siguió ayer aprobando paquetes de medidas con ayudas económicas. Ayer le tocó el turno a las familias numerosas, para las que dispone una nueva regulación legal, ya que la vigente databa de 1971.
El texto recoge una nueva definición de familia numerosa más adecuada a la realidad social y que tendrá en cuenta las familias de tres o más hijos formadas por parejas con hijos de matrimonios anteriores y aquellas de inmigrantes siempre y cuando todos sus miembros residan en España.
También computarán para ser familia numerosa los hijos de padres y madres divorciados que se encuentren en distinta unidad familiar, si están bajo su dependencia económica, aunque no vivan en el domicilio conyugal.
A esta nueva definición le acompañan ayudas económicas, entre las que está la bonificación de las cuotas a la Seguridad Social en un 45% en la contratación de empleadas de hogar para el cuidado de hijos menores o personas dependientes, si se tienen dificultades para conciliar la vida laboral y familiar.
También se equiparan los umbrales de renta para acceder a las prestaciones por hijo a cargo con los mínimos exentos (ver tabla). De esta medida se podrán beneficiar 52.300 nuevas familias y 122.624 hijos, que serán perceptores de esta prestación.
De la ampliación de la exención de tasas académicas y de matriculación en centros públicos se beneficiarán 4.500 familias más y 25.000 hijos.
La ley también reduce de tres a dos las categorías de familia numerosa. La categoría especial abarcará a las de cinco o más hijos y las de cuatro, de los cuales al menos tres procedan de parto, adopción o acogimiento múltiples. Las restantes familias numerosas están en la categoría general.
El Consejo de Ministros también aprobó ayer otros dos proyectos de ley de protección patrimonial del discapacitado y de igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, que incluye un Plan de Accesibilidad 2004-2012, que obliga a eliminar las barreras arquitectónicas de los edificios, con un presupuesto aproximado para el próximo trienio de 1.225 millones de euros.
El Gobierno asume un 44%, de este coste, mientras que el resto será sufragado por comunidades autónomas (19%), ayuntamientos (12%) y empresas privadas (25%).
El Ejecutivo también aprobó los proyectos de Ley del Estatuto Marco del personal de los servicios de salud y de ordenación de las profesiones sanitarias, incluidos en el modelo de financiación.