OPA

La doctrina de la CNE cierra el paso a las opas sobre las empresas reguladas

La Comisión Nacional de la Energía (CNE) ha fijado doctrina en su dictamen sobre la opa de Gas Natural a Iberdrola, y no sólo confirmando que las operaciones de concentración en su área de competencia son muy difíciles de materializar. Además de las conclusiones específicas sobre la citada operación, señala un riesgo que podría también aplicarse a otros proyectos: los que conlleva una opa.

En esta línea apoya, en parte, su decisión de no autorizar la operación con condiciones duras, en la dificultad de vigilar e imponer el cumplimiento de las mismas. Y es que considera preciso que el organismo regulador cuente con la seguridad de poder volver atrás, a la situación empresarial inicial, en caso de incumplimientos de las condiciones establecidas. Pero esa posibilidad no existía en este caso por el carácter irreversible de las opas.

'El problema que se plantea con la imposición de condiciones es el de su eficacia real, sobre todo en caso de incumplimiento de las mismas una vez que se haya consumado la opa, pues en ese momento la operación resulta prácticamente irreversible'. Se añade que 'la imposibilidad práctica de reponer la situación a su estado primitivo hace inútil supeditar la operación al cumplimiento de condiciones'.

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Patrimonio regulado

La CNE centra su análisis en los posibles efectos nocivos de la operación en las actividades reguladas, verdadero objetivo del informe. El organismo que preside Pedro Meroño considera que las tarifas no deben servir para financiar otros proyectos, y cuestiona que la operación liderada por Gas Natural fuese a respetar ese principio. La CNE no tiene conocimiento comprobado de que parte 'del elevado endeudamiento que requiere la operación va a ser, en definitiva, financiado con cargo al patrimonio e ingresos de las sociedades que desarrollen actividades reguladas'. En este sentido, se añade que 'la indeterminación en el grado de endeudamiento que se prevé financiar con el patrimonio regulado hace cuestionarse la viabilidad de la operación'.

También se considera que la CNE 'no dispone ni puede disponer con certeza para los próximos años de la estructura económico-financiera del nuevo grupo resultante'. Así, no se puede llegar a conclusiones sobre el impacto en el patrimonio regulado.

Esa reflexión también se realiza respecto al grado de endeudamiento que deberá soportar cada actividad. 'No consta que el endeudamiento vaya a ser soportado exclusivamente por las empresas que desarrollan actividades libres'.

El informe subraya que 'la financiación de la toma de participaciones con fondos propios no compromete la tarifa de los ejercicios futuros con la misma intensidad con la que se comprometería si dicha toma se realizase con recursos ajenos'.

Y cifra, por otro lado, en 222 millones de euros la reducción de las inversiones en distribución eléctrica del plan presentado por Gas Natural respecto al de Iberdrola para el periodo 2003-2006. Ese recorte es un 12% de la cifra total. 'Esa reducción planteada podría, en efecto, poner el peligro la favorable evolución de la calidad de servicios ofrecida por Iberdrola'.

Tras el veto de la CNE a la opa de Gas Natural sobre Iberdrola, Standard & Poor's ha decidido mantener sin cambios la calificación crediticia de ambas compañías y sacarlas de su lista de vigilancia, en la que las había incluido el 10 de marzo, al presentarse la opa.

La imposibilidad de autorizar ofertas con condiciones

En su voto particular contra la decisión de veto, los consejeros Jordi Dolader y Sebastiá Ruscadella, próximos a CiU, señalan que, dada 'la ausencia de pruebas y análisis de fondo sobre la existencia de riesgos significativos', no se entienden ni se comparten las razones 'para eludir una autorización con condiciones'. Además intentan desmontar los argumentos sobre el riesgo de la opa. 'De admitirse el razonamiento de la resolución, toda opa en empresas que realicen actividades reguladas sería imposible de ser autorizada mediante condiciones, por lo que tal posibilidad debería haber sido expresamente excluida por la propia ley'. Y destacan que una fusión o compraventa son en la práctica tan irreversibles como una opa, con lo que se cerraría el paso a toda autorización con condiciones cuyo incumplimiento no pudiera retrotraer la situación al momento previo a la operación.

Estos consejeros consideran además que 'hoy día es posible encontrar mecanismos y herramientas financieras capaces de aportar estas garantías sin necesidad de hacer una comprobación o seguimiento constante en el tiempo'.

El voto particular de Jaime González, del PSOE, defiende igualmente la autorización de la oferta con una serie de condiciones, entre ellas la separación 'patrimonial, jurídica y contable' de las actividades. Defiende que las sociedades del grupo que desarrollan actividades reguladas no sean portadoras de deuda y que el grupo resultante de la operación garantizara las inversiones con 'medidas de naturaleza económica vinculante'.

Por su lado, Miquel Roca, ex dirigente de CiU, afirmó ayer que los consejeros se deben a los intereses de las empresas, antes que a la voluntad de los accionistas. Defendía así la actuación de José Luis López de Silanes, consejero delegado de Gas Natural, que votó contra la opinión de Repsol en la opa a Iberdrola, pese a representar a la petrolera.