La justicia francesa analiza la vertiente española del 'caso Elf'
El Tribunal de París analizará hoy y mañana el pago de una serie de presuntas comisiones ocultas satisfechas por la empresa petrolera francesa Elf al ejecutivo español Daniel de Busturia para facilitar la compra de la distribuidora de carburantes Ertoil que se formalizó en 1991. Busturia hizo de intermediario en la operación a cambio de una comisión que se calcula ahora en 130 millones de euros. Tras huir de la justicia en 2001, fue interrogado ese año en París, donde declaró 'ignorar' la procedencia del dinero que le fue pagado.
La comparecencia de Busturia como testigo podría contribuir a desvelar las personas destinatarias del dinero procedente de la compra de la empresa española, según los observadores.
La operación es sólo un eslabón del gigantesco proceso judicial abierto en la capital francesa el pasado 17 de marzo para intentar dilucidar la responsabilidad de 37 personas implicadas en delitos de apropiación indebida, enriquecimiento personal, corrupción, soborno y chantaje, a través de una complicada trama de comisiones fraudulentas, que se estiman en unos 30.000 millones de euros, durante los cuatro años de presidencia de Loïk Le Floch Prigent, de 1989 a 1993.
Comisiones
Dichas comisiones, instauradas por el general De Gaulle, protagonizaron espectaculares desviaciones bajo la presidencia de François Mitterrand (entre 45 millones de euros a 121 millones al año), y sirvieron en gran parte para controlar a importantes dirigentes de las ex colonias francesas en África, y conseguir por esta vía los derechos de prospección y explotación de petróleo en Gabón, Congo, Angola, Nigeria y Camerún.
Además, el sistema, del que el ex presidente se defiende asegurando que 'sólo lo heredó', sirvió para pagar millonarias mansiones, joyas, apartamentos en los barrios más caros de París e incluso el divorcio del responsable de las operaciones en África, André Tarallo, para pagar el silencio de su ex esposa. Y no sólo en Francia. Al margen de actuar en España, la empresa Elf alargó los tentáculos que el poder le otorgaba para contratar los servicios de espías en Alemania, comprar activos petrolíferos en el Reino Unido y sobornar a dirigentes políticos en Venezuela.