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Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

La reforma de las pensiones

La Comisión del Pacto de Toledo ha elaborado una larga lista de recomendaciones para garantizar la viabilidad futura del mecanismo de pensiones que incluye medidas como ampliar el periodo de cotizaciones utilizado para calcular la prestación, limitar las prejubilaciones y potenciar las previsiones complementarias (léase, los planes de pensiones privados). Propuestas harto polémicas que los grupos parlamentarios debatirán después de las elecciones, porque falta coraje político para entrar en este crítico debate justo antes de enfrentarse a las urnas.

El documento propone también que el superávit generado por el mecanismo de pensiones en estos tiempos de bonanza laboral sea destinado 'fundamentalmente' a capitalizar el Fondo de Reserva de la Seguridad Social con carácter 'ilimitado'. Es decir, que la capitalización del fondo debe ser la prioridad absoluta del Ejecutivo, en detrimento de otras medidas como aumentar las prestaciones o reducir las cotizaciones sociales. Hasta ahora, el Ejecutivo reparte ese superávit entre los tres apartados (Fondo de Reserva, mejorar las pensiones y reducir algunas cotizaciones), pero no aporta datos precisos sobre la cuantía y destino de los excedentes que quedan una vez ejecutado este reparto. Existen, además, dudas sobre si el dinero excedentario se utiliza o no para gasto corriente. La claridad en estos puntos es esencial a la hora de debatir el futuro de las pensiones y se echa en falta alguna mención concreta a este asunto en el documento de la comisión.

La reforma de las pensiones públicas es, sin duda, uno de los debates más polémicos y de mayor calado social que afronta nuestro país a medio plazo. La Comisión del Pacto de Toledo, en la que se agrupan PP, PSOE, IU, CiU, Coalición Canaria y PNV, se creó precisamente para evitar que el debate sobre las pensiones se utilizase como arma arrojadiza en las contiendas electorales. Pero ello no ha sido suficiente para frenar el temor de los grupos parlamentarios a enfrascarse en esta polémica en periodo electoral.

Tras las elecciones municipales y autonómicas de mayo entraremos casi sin transición en la fase preelectoral de cara a las generales de 2004, con lo cual es posible que el Congreso vuelva a retrasar este asunto hasta la próxima legislatura. Seguiremos, pues, renqueando en una reforma que cada año resulta más apremiante porque la curva demográfica española, al igual que la del resto de los países desarrollados, amenaza con provocar la bancarrota del sistema de pensiones en apenas 15 años. En Alemania y Francia, dos países que atraviesan un momento económico mucho menos floreciente que el nuestro, los respectivos Ejecutivos sí se han atrevido a promover reformas de los mecanismos de pensiones públicas a pesar de que resultan poco rentables en términos electorales. En España, con una situación laboral y económica más holgada, deberíamos ser capaces de hacerlo también.

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