El Congreso teme que la reducción de cuotas obligue a bajar las pensiones

Los partidos del arco parlamentario han lanzando un aviso al Gobierno: 'Todo acuerdo destinado a incrementar las prestaciones o a reducir las cotizaciones deberá venir acompañado de un estudio de viabilidad que garantice, a medio y largo plazo, la sostenibilidad del sistema'. Ya que, 'en caso de producirse insuficiencias del sistema de financiación contributiva, se adoptarán medidas de racionalización del sistema que garanticen su suficiencia'.

En otras palabras, esta advertencia que los grupos parlamentarios han incluido en sus conclusiones para revisar el Pacto de Toledo sobre las pensiones viene a decir que sea cual sea el partido del Gobierno, éste deberá tener cuidado al compatibilizar las rebajas o bonificaciones de cotizaciones sociales y la mejora de las prestaciones sociales.

Realizar estas políticas al mismo tiempo supone cierta merma de ingresos para la Seguridad Social (aunque se use la vía de la bonificación y no sea una rebaja estricta), y por otro lado, un aumento de los gastos, que se consolidan en la nómina de los pensionistas.

Precisamente el Gobierno actual practica esa política, ya que destina anualmente una media de 1.500 millones de euros a fomentar el empleo estable con bonificaciones de cotizaciones y en 2002 se gastó mas de 147,30 millones de euros en subir las pensiones mínimas.

Ahora mismo no existe el riesgo de recorte de pensiones por este motivo porque la Seguridad Social, debido a su abultado superávit, puede permitirse rebajar cotizaciones selectivamente y a la vez mejorar las prestaciones. Por ello, la advertencia de la comisión parlamentaria es de cara a un futuro.

De hecho, los propios diputados que han elaborado el informe defienden la política de bonificaciones de cotizaciones para fomentar el empleo estable, herramienta que califican como 'muy útil', aunque una vez más advierten que 'dichas políticas de bonificaciones deben tener en cuenta las posibilidades existentes en cada momento, derivadas de la situación financiera del sistema'. En esta misma línea y con idéntico temor, el informe aconseja que el Fondo de Reserva de las pensiones, que se dota con el superávit de la Seguridad Social, 'no tenga límites' y que no se deje de dotar una vez se haya alcanzado la cantidad equivalente a una mensualidad de la nómina de los pensionistas, tal y como se previó en su creación.

Así, el documento recomienda que todos los excedentes del sistema se destinen 'fundamentalmente al fondo de reserva', frente a la recomendación del Acuerdo de Pensiones actualmente vigente, que determina que dicho superávit se reparta -sin orden de preferencia- a engrosar el fondo de reserva, a mejorar las pensiones y a rebajar las cotizaciones sociales.

Además de las recomendaciones citadas, el informe contiene otras muchas:

Pensiones de viudedad. La comisión parlamentaria reclama una 'revisión general' de esta prestación, de forma que se adecue a las nuevas formas de familia -muchas mujeres viudas trabajan- y se vincule más dicha pensión 'a situaciones de necesidad económica'.

Edad de jubilación. Se deben seguir adoptando medidas para prolongar la edad de retiro más allá de los 65 años, por un lado, y para impedir la expulsión prematura del mercado laboral de los trabajadores de más edad.

Contributividad del sistema. Las prestaciones deben guardar más proporcionalidad con el esfuerzo de cotización realizado. Para ello, la comisión propone 'la implantación de un sistema que, de forma gradual, tenga en cuenta el esfuerzo de cotización hecho a lo largo de toda la vida laboral'.

Cambio social y dependencia. Uno de los principales cambios operados en la sociedad ha sido la incorporación de la mujer al mercado de trabajo. Por ello, el cuidado de los mayores dependientes deberá correr a cargo de 'un modelo de cobertura social en el que, sin renunciar a niveles de protección social públicos, tengan cabida los sistemas complementarios privados.

Pensiones privadas. Para la comisión existe un 'insuficiente grado de desarrollo' de los sistemas privados de pensiones y es necesario seguir reforzándolos con más incentivos, en especial para los planes de empleo (fondos de pensiones vinculados a la empresa).

Los partidos presentarán sus enmiendas a este informe después de las elecciones del 25-M.