El Congreso vota mañana las enmiendas a la Ley de Telecomunicaciones
Mañana se someten a votación en el Congreso las enmiendas a la totalidad del proyecto de Ley de Telecomunicaciones presentadas por PSOE, ERC e IU. Mientras que la primera formación ha presentado un texto alternativo, IU y ERC pide la devolución al Gobierno de este texto aprobado en Consejo de Ministros del pasado día 7 de marzo de 2003. El proyecto de Ley persigue la simplificación de trámites administrativos para nuevos operadores y establecer un régimen de sanciones más estricto en caso de incumplir instrucciones de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT).
El texto que presentará la socialista Francisca Pleguezuelos contempla la delimitación clara de las competencias de la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones (CMT) y el Ministerio de Ciencia y Tecnología y la financiación mixta del servicio universal. El texto incluye la cobertura móvil en el servicio universal y regula la prestación de este servicio y su financiación con un sistema de carácter mixto que supone que parte de la financiación recaiga en los Presupuestos Generales del Estado y se complemente con las aportaciones de las operadoras, aunque no especifica los porcentajes de cada aportación.
Entre las materias que, en opinión de IU deberían encontrarse contenidas en el Proyecto de Ley para garantizar una "correcta" transposición de las citadas directivas, figura el establecimiento de "bases para la fijación de medidas que traten de garantizar la competencia efectiva en los mercados" que quedan indefinidos en el texto promovido por el Ejecutivo español. En la misma línea, defiende que se incluya la regulación de la cesión de los derechos de uso del espectro radioeléctrico o el establecimiento de las condiciones aplicables a los diferentes agentes, para evitar la inseguridad jurídica que se generará a resultas de la eliminación del régimen de autorizaciones generales.
Sanciones más estrictas
El Proyecto de Ley General de Telecomunicaciones establece la posibilidad de imponer sanciones de hasta 20 millones de euros a las empresas que infrinjan las normas del libre mercado. De este modo, establece un régimen sancionador más estricto, lo que responde a la disminución de la intervención administrativa que incluye la Ley. Además de las sanciones económicas, la Ley prevé la posible inhabilitación del operador que cometa una infracción y la retirada del mercado de equipos y aparatos que incumplan los requisitos esenciales.
Entre las principales novedades de la nueva Ley General de Telecomunicaciones figura también que cualquier empresa podrá actuar como operador en el mercado sin necesidad de obtener una autorización administrativa para ello, únicamente informando con carácter previo a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT). Además, el texto refuerza el papel de la CMT, que analizará periódicamente los diversos mercados de telecomunicaciones, detectando los sectores en que no exista una competencia efectiva, y podrá imponer obligaciones específicas para favorecer la competencia a los operadores con posición de dominio, que pasarán a denominarse "operadores con poder significativo en el mercado".