Franquiciados de Opening se querellan contra la matriz
Un grupo de 26 franquiciados de Opening ubicados en Madrid, a través de los servicios jurídicos de la Asociación Española para la Defensa del Franquiciado, han presentado una querella por estafa y apropiación indebida contra la matriz. La Audiencia Nacional ha admitido a trámite el procedimiento al que podrán sumarse franquiciados de cualquier punto de España. La cantidad que se solicita como fianza asciende a 120 millones de euros.
El derrumbe de los centros de enseñanza de idiomas Opening no sólo ha afectado a los alumnos que pagaron sus cursos y no han podido recibir la enseñanza acordada, sino también a los franquiciados que, después de haber realizado importantes inversiones, han visto cómo se diluía su negocio. Ahora, un grupo de 26 franquiciados de Madrid han seguido el ejemplo de los alumnos y han iniciado acciones legales contra la matriz, ligada al grupo CEAC.
Los franquiciados han presentado una querella penal por los supuestos delitos de estafa y apropiación indebida contra el franquiciador. El procedimiento se ha articulado a través de los servicios jurídicos de la Asociación Española para el Desarrollo y Defensa del Franquiciado (Aedeff). Además, dicha denuncia se ha puesto ante la Audiencia Nacional (que la ha admitido a trámite), al pretender con ello aglutinar la totalidad de las actuaciones que tanto estudiantes como asociados están llevando a cabo en diversas comunidades.
En el momento álgido de la cadena llegó a haber más de un centenar de establecimientos asociados, aunque una gran parte de ellos fueron luego recomprados por la matriz cuando los franquiciados no pudieron hacer frente a los gastos. 'Esto permitía al franquiciador ampliar su cartera de centros propios (al principio casi inexistente) a un precio reducido, al tiempo que lograba credibilidad por contar con establecimientos gestionados en propiedad', señala Juan Ramón Montero, asesor jurídico de la Aedeff.
Muchos de los franquiciados han sido demandados por parte de los alumnos cuando, según ellos, no han tenido responsabilidad alguna en los hechos, ya que éstos se han producido por la política impuesta por el franquiciador y, además, han registrado importantes pérdidas. La inversión media para abrir un centro de Opening oscilaba entre los 240.000 y los 480.000 euros.
120 millones de fianza
La vía penal lleva aparejada una vía civil y, por tanto, los denunciantes han solicitado una fianza de 120 millones de euros, que es el equivalente al pasivo que tiene la matriz.
Según Montero, la querella se centra en la expansión y creación artificial de una red cuyo principal objetivo era la captación de franquiciados y estudiantes, quienes en breve espacio de tiempo generaron cuantiosos fondos.
Por otra parte, el Juzgado de Primera Instancia nº 8 de Sevilla ha dictado una sentencia que obliga a las entidades financieras a devolver las cantidades cobradas a los alumnos de Opening desde julio de 2002. La demanda fue presentada por las federaciones de consumidores contra Opening, SCH, BBVA Finanzia, Pastor y Eurocrédito.