La CE aplaza 15 días la decisión sobre el blindaje de Volkswagen
La Comisión Europea (CE) decidió ayer aplazar durante 15 días su decisión sobre la llamada ley Volkswagen, una cláusula de los estatutos de la compañía automovilística alemana que limita el poder de voto de los accionistas y que le protege de una oferta pública de acciones (opa) hostil.
El portavoz del Ejecutivo comunitario, Jonathan Faull, aseguró que 'hubo consenso total' en el colegio de comisarios, reunido ayer, para que, vistas 'las complejidades legales del caso, se realicen 'uno o dos análisis legales suplementarios, que la Comisión quiere tener por escrito' antes de tomar una decisión.
Faull agregó que hay que tener en cuenta las ramificaciones de este tema para el mercado común y reiteró que las complejidades legales son 'bastante considerables' debido a la naturaleza de los acuerdos en Alemania.
La llamada ley Volkswagen establece que ningún accionista puede tener más del 20% de las acciones con derecho a voto, aunque posea más títulos, por lo que el Estado federado de Baja Sajonia, con una participación del 18,6%, se asegura una decisiva influencia en el futuro de la empresa y evita una teórica opa hostil.
Esta ley, con una vigencia de 40 años, ha estado en el punto de mira de Bruselas tras las quejas recibidas por la Comisión sobre las actuales condiciones para acceder al control de la dirección de Volkswagen.
La Comisión Europea recibió en julio de 2001 una queja formal contra la acción de oro que el Estado de Baja Sajonia disfruta en Volkswagen. En mayo de ese mismo año ya había decidido abrir una investigación informal sobre el tema.
Debate
Desde 1997 Bruselas combate el privilegio de derecho a veto que algunos estamentos políticos se arrogan en la gestión de las empresas privadas. La queja que la Comisión Europea recibió en julio de 2001 pudo proceder, según varios analistas, de algún inversor anglosajón institucional, puesto que en la junta de accionistas de la compañía automovilística de ese año un grupo de inversión angloamericano cuestionó la gestión del consejo del consejo de administración.
Estos accionistas criticaron entonces a la dirección de la sociedad por el plan de recompra de acciones con derecho a voto que estaban llevando a cabo. En aquel momento la operación se interpretó como la puesta en marcha de un mecanismo de defensa para bloquear cualquier intento de opa hostil.