'La ingeniería fiscal no es más que un medio lícito para ahorrar impuestos'

'Mi compromiso con quienes me propusieron el anterior secretario de Estado de Hacienda Enrique Giménez Reyna y el entonces Director General de Tributos, Estanislao Rodrígez-Ponga fue llevar el consejo hasta el final de la legislatura', señala. Reconoce haber sido siempre muy crítico con la Administración tributaria y se ve pronto que su talante no ha cambiado.

Pregunta. El consejo nace en 1996 como un órgano dentro del Ministerio de Hacienda. ¿Trabaja con plena independencia?

Respuesta. Me iría al minuto siguiente de recibir la más mínima presión. Soy un ciudadano libre y el consejo también, y no aceptaría la más mínima presión de nadie.

P. En sentido contrario, ¿ha notado falta de apoyo desde la Agencia Tributaria?

R. Los defectos de falta de publicidad que haya podido haber se van a corregir ahora. En los folletos informativos que Hacienda y la Agencia reparten, así como en sus páginas web, se van a incluir referencias al consejo. Esto supone un reto. Que todos los ciudadanos nos conozcan está bien, pero que todos nos conozcan de repente puede provocar un colapso.

P. ¿Faltan medios?

R. Ahora mismo no. Pero todo exige prudencia. De momento se tramitan más expedientes que en la generalidad de los tribunales administrativos regionales. En el consejo, ahora, se acaba un expediente en un mes, y si es en disconformidad, en tres meses, y yo me pregunto si hay algún otro organismo en toda la Administración pública que tenga ese ritmo en acabar los expedientes.

P. ¿A qué se debe entonces que a finales de 2002 aún no se hubiera publicado la memoria del consejo del año 2000?

R. En primer lugar he de decirle que esa situación no supuso que ninguna queja recibida cayera en saco roto. Efectivamente, la memoria del año 2000 se ha publicado hace unos meses, pero fue debido a que justo cuando se estaba elaborando tomé posesión del cargo. Las memorias tienen un proceso lento de elaboración, sin embargo, la memoria de 2001 está totalmente preparada y será aprobada el próximo 26 de marzo y luego se enviará a la Secretaría de Estado de Hacienda. Y antes del verano habremos tramitado la memoria de 2002. En el funcionamiento normal del consejo no hay ninguna dilación desorbitante.

P. ¿En qué cambios legales puede ver el ciudadano la existencia del defensor del contribuyente?

R. Desde que yo entré, puse el acento en resolver quejas. Pero otra misión es realizar propuestas como órgano consultivo. En general, de las más de 100 propuestas que se han hecho, más del 50% dieron origen a cambios de este tipo.

P. ¿Cuál ha sido su papel en la elaboración de la nueva Ley General Tributaria?

R. Mi trabajo como presidente de la última comisión que ha elaborado un informe sobre el borrador de la ley nada tiene que ver con mi cargo como defensor del contribuyente. En general, considero que se ha seguido un proceso legislativo modélico. Y no entiendo cómo determinado colectivo de inspectores dice que no ha tomado parte en este proceso cuando han participado unos 50 inspectores. Es ininteligible.

P. ¿Cree que el anteproyecto fomenta el fraude cualificado como así han señalado los inspectores?

R. En absoluto. El nuevo texto castiga ahora más las infracciones más graves. Pero cuando alguien habla de ingeniería fiscal o de fraude cualificado está hablando de medios lícitos para ahorrar impuestos. Y eso es así en todos los países de nuestro entorno. Puede, excepcionalmente, aplicarse el tributo que se dejó de pagar, pero no se puede sancionar. Y con esto estoy dando mi opinión.

P. Por tanto, ¿el nuevo texto es un buen instrumento para atajar el fraude?

R. Instrumentos legales para la persecución del fraude ya los hay ahora. Lo que hay que hacer es aplicarlos. Y buscar el dinero oculto. Esto debería ser la labor fundamental de la Administración tributaria. El verdadero defraudador es el que oculta y es al que hay buscar.

P. ¿Qué opinión le merece la información que en este sentido facilitan las memorias de la Agencia Tributaria?

R. Creo que uno de los datos que deberían dar es precisamente ése, cuánto dinero negro, oculto, se detecta. Es algo necesario porque la cifra puede ser muy alta.

P. ¿Qué le parece que el arbitraje no haya salido adelante en la ley tributaria?

R. Si no nos hacen caso ahora, quizá salga adelante en el trámite parlamentario. Soy absolutamente partidario de estas soluciones, que están en vigor en 11 países de la UE, y no entiendo por qué hay tanta resistencia aquí a que se acepte. Las actas con acuerdo que recoje el anteproyecto son un avance y los órganos unipersonales para resolver asuntos de pequeña cuantía son una especie de árbitros obligatorios. Pero estaría bien que estos órganos pudiesen actuar de arbitros de verdad a petición del contribuyente, o se haga castigando más al que oculta.

La memoria del defensor del contribuyente se publicará en junio

La primera memoria de la actividad del Consejo para la Defensa del Contribuyente del año 1997 reflejó 3.700 quejas. Según los últimos datos recogidos por esta institución, en el año 2002 se han recibido unas 8.500 quejas. Para José Juan Ferreiro esta evolución no es síntoma del empeoramiento de la Administración tributaria. Al contrario, aclara que se debe al mayor conocimiento que se tiene de la institución. Respecto a la publicidad de las memorias que elabora esta institución, Ferreiro afirma que en junio ya se habrán publicado tanto la de 2001 como la de 2002, cuya elaboración se está ultimando. Aunque los datos que recoge no pueden hacerse públicos todavía, el defensor del contribuyente señala que, en general, un 27% de las quejas se relacionan con la calidad de los servicios tributarios. Pero las más numerosas se refieren a dudas en la aplicación de las normas. Por contra, parecen muy pocas las que afectan a la inspección. Para el defensor del contribuyente, 'la gran mayoría de los inspectores realiza su labor como debe realizarla'. Asimismo, la potenciación de los servicios de ayuda al contribuyente, ya sea el programa Padre o la atención telefónica, también han canalizado parte de las reclamaciones de los contribuyentes. En este sentido, Ferreiro anuncia que va ha presentar una propuesta para que quede constancia de los documentos que el contribuyente aporta en el sistema de cita previa cuando es Hacienda la que le va a hacer la declaración de la renta. El defensor del contribuyente considera que la institución que preside ya está perfectamente consolidada en la sociedad y los ciudadanos hacen un uso normal de ella dentro de los organismos públicos. Algo que se nota en el tipo de quejas, cada vez más complejas y elaboradas.