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Comercio exterior

El Gobierno de El Salvador bloquea los contratos de empresas españolas

Mientras el presidente de El Salvador, Francisco Flores, visitaba oficialmente España en los primeros días de la semana pasada para impulsar las relaciones económicas y pedir más inversiones españolas, la Asamblea Legislativa del país centroamericano iniciaba los trabajos de investigación sobre el incumplimiento por parte del Gobierno salvadoreño de los contratos adjudicados a empresas españolas en proyectos de infraestructuras y servicios.

La investigación, a través de una comisión creada el 11 de febrero, afecta a un proyecto de canalización y almacenaje de agua potable adjudicado a las empresas Isolux e Himesa, y otro de prestación de servicios de revisión técnica de vehículos (RTV) de las también españolas Icasur e Inceysa. Ante esta comisión han sido citados cuatro ministros del Gobierno de Francisco Flores y una ex ministra, mientras que las empresas españolas afectadas denuncian que las autoridades salvadoreñas incumplen el Acuerdo de Promoción y Protección de Inversiones (Appri) firmado entre España y El Salvador. Especialmente significativo es el caso de Icasur e Inceysa, empresas a las que el Ministerio de Medio Ambiente adjudicó en junio de 2000 el concurso para la gestión en exclusiva de las plantas de RTV en todo el país por un periodo de 10 años.

Pasados casi tres años, después de que Icasur ha invertido 30 millones de dólares en tecnología e infraestructuras y de que la Corte Suprema de El Salvador haya ratificado la legalidad de la adjudicación, el contrato sigue bloqueado, alegando la Administración salvadoreña que tiene sospechas de que las empresas españolas han ocultado información y falsificaron documentos sobre su capacidad y su solvencia.

Desde octubre de 2001, la Embajada de España y la oficina comercial han realizado gestiones para pedir explicaciones a los ministerios de Medio Ambiente, Hacienda y Exteriores de El Salvador, respecto a las que los responsables de la Secretaría de Estado de Comercio de España señalan que 'la actitud de la Administración salvadoreña siempre ha sido la misma, el silencio y dilatar el problema sin dar nunca explicaciones convincentes'.

Incluso la titular de Exteriores salvadoreña, María Eugenia Brizuela, enviaba el pasado 22 de febrero un escrito al subsecretario técnico de la Presidencia, Juan José Daboub, en el que le recuerda que 'la posibilidad de atraer mayor inversión española es uno de los objetivos prioritarios para nuestro Gobierno' al tiempo que reitera que 'se encuentra vigente un acuerdo bilateral de promoción y protección de inversiones con España y que, en el marco del mismo, España tiene la facultad de solicitar el establecimiento de un tribunal arbitral para resolver esta situación, lo cual pudiera evitarse'.

En este punto, y a pesar de la entrevista entre los presidentes Francisco Flores y José María Aznar el martes en Madrid, las autoridades comerciales españolas se muestran convencidas de que la situación ha llegado a un punto en el que 'no cabe ninguna otra vía que la judicial, es decir, denuncia del Appri por parte del inversor español y posible demanda contras las empresas por parte del Estado salvadoreño'.

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