Los Quince acuerdan la pena de prisión para los delitos informáticos

Los ministros de Justicia de la UE alcanzaron ayer un acuerdo político para castigar con penas de prisión los ataques informáticos que causen graves pérdidas económicas o daños a las personas. La nueva decisión-marco, que todavía debe ser revisada por el Parlamento Europeo, obligará a los Estados miembros a prever penas máximas de cárcel de al menos un año para los delitos cometidos individualmente y de cuatro años, como mínimo, cuando el ataque proceda de una organización criminal.

Este duro tratamiento permitirá que la persecución transfronteriza de la ciberdelincuencia se beneficie de la orden de búsqueda y captura que entrará en vigor en 2004. Como en los delitos de terrorismo, la extradición será inmediata sin necesidad de un largo procedimiento judicial.

Los Quince han alcanzado el acuerdo en apenas nueve meses, lo que denota la prioridad que han concedido a una iniciativa presentada por la Comisión Europea en abril del año pasado. La armonización de penas intenta combatir no sólo a la propagación vertiginosa de virus, sino también preparar los ordenamientos jurídicos de la UE ante la amenaza de un ataque terrorista a los sistemas informáticos.

La Comisión Europea cita como ejemplo de posibles objetivos las redes informáticas de hospitales o centros de control aéreo y recuerda que el funcionamiento de la mayoría de las infraestructuras actuales (telecomunicaciones, transporte, energía) depende de programas conectados en red.