El Gobierno dedicará más dinero a proteger a los concejales vascos
Habrá más dinero para proteger a los concejales amenazados en el País Vasco. æpermil;sta es la principal decisión adoptada ayer por el Gobierno en la reunión de la comisión de seguimiento del pacto antiterrorista, en la que PP y PSOE analizaron los problemas que encuentran para completar las candidaturas electorales en Euskadi debido a la presión etarra.
Los compromisos contraídos el año pasado por el Ministerio del Interior con el PSOE para proteger a los cargos electos amenazados por ETA han sido cumplidos sólo en parte, debido a problemas burocráticos y de naturaleza presupuestaria. La reunión ayer en el Congreso de la comisión de seguimiento del pacto antiterrorista era la ocasión propicia que aguardaba el PSOE para abordar este problema, en un momento en el que la confección de las candidaturas municipales en el País Vasco se ha convertido en un quebradero de cabeza para los dos principales partidos, sobre todo ante el riesgo de que ETA inicie una nueva ofensiva destinada a atemorizar a los aspirantes a figurar en las listas, como respuesta a la próxima ilegalización de Batasuna. El reciente asesinato en Andoain del jefe de la policía municipal, Joseba Pagazaurtundua, militante del PSE, es sólo un indicio de los posibles planes de la organización terrorista. La víctima no llevaba escolta y no le fue posible cambiar de destino a pesar de las gestiones realizadas para ello ante medios nacionalistas, a los que se informó de la amenaza que pendía sobre ella por figurar en las listas de la banda.
Fuentes gubernamentales confirmaron ayer la decisión de liberar el dinero necesario para reforzar la seguridad de los ediles en todos los ámbitos. Sin un compromiso presupuestario definido por parte del Ejecutivo central, en la comisión de seguimiento del pacto se habló ayer de la decisión de aumentar la dotación destinada a la seguridad de los concejales en un mínimo de tres millones de euros, cifra que se considera imprescindible para extender las medidas de vigilancia tanto a las sedes de los partidos amenazados -sólo el PSE cuenta con más de sesenta casas del pueblo- como a los domicilios privados de los concejales. La llave la abrirá Hacienda. Este año ya hay presupuestados para este menester otros tres millones de euros, cuya entrega está pendiente de la tramitación final de la reforma de la Ley de Partidos.
Elecciones clave
La seguridad de los ediles reviste especial importancia en puertas de un proceso electoral que se considera crucial no sólo para reafirmar el derecho de los vascos a elegir libremente en las urnas sino también para intentar frenar el plan soberanista del lendakari, Juan José Ibarretxe, como ocurrió con el proyecto de Lizarra en las elecciones locales de 1999. El acceso del PP a la Diputación General de Álava y al Gobierno del Ayuntamiento de Vitoria impidió entonces al PNV completar su plan de integración territorial, expresado a través de la asamblea vasca de municipios. æpermil;sta es una de las razones por las cuales los nacionalistas vascos consideran esencial recuperar este territorio en los comicios del próximo 25 de mayo.
El PNV se opuso ayer a la propuesta del PP de promover una moción de censura contra el alcalde batasuno del ayuntamiento alavés de Llodio bajo la justificación de que se trata de una 'operación de marketing rancio', informa Efe.
En la cita de ayer en Madrid también se analizó la reforma del Código Penal que amplía de 30 a 40 años el cumplimiento de las condenas máximas para delitos de terrorismo. IU y PNV enmendarán a la totalidad el proyecto de ley. En opinión de estos partidos, el Código Penal de 1995 ya recoge suficientes garantías para que se cumplan íntegras las penas a las que son condenados los etarras. La organización cuenta con 530 miembros en prisión.