Solbes pide al BCE que incluya la población como criterio en el nuevo sistema de voto
La Comisión Europea emitió ayer un dictamen favorable a la propuesta del Banco Central Europeo (BCE) para reformar el sistema de voto en la institución monetaria. Bruselas considera, sin embargo, que el BCE debería añadir un criterio de población al sistema de rotación de países que se pretende introducir en la formación del consejo de gobierno. Francfort ha propuesto que la frecuencia de participación en ese foro (que adopta las decisiones sobre los tipos de interés) dependa del PIB de cada país y de sus activos financieros, pero esos criterios pueden perjudicar a los 10 candidatos de Europa del Este cuyo PIB total apenas alcanza el 5% de la UE actual.
La Comisión propone que se sustituya el criterio de los activos financieros por el de población. 'Basándose en estos dos criterios, PIB y población, el sistema sería más neutral en cuanto a los actuales y los futuros Estados miembros', señaló en rueda de prensa el comisario de Economía, Pedro Solbes. El comisario recordó que en la subscripción de capital para el BCE ya se utilizan ambos baremos. En este caso, tanto el PIB como la población pesan un 50% en la asignación del porcentaje de subscripción.
Solbes reconoció que la propuesta presentada por el BCE 'no es la solución ideal'. 'Como el presidente del BCE, Wim Duisenberg, dijo el pasado lunes en el Parlamento Europeo, nadie, ni siquiera él mismo, se encuentra totalmente satisfecho', afirmó el comisario. La Comisión, sin embargo, respalda la reforma porque para aprobarla basta la unanimidad de los 15 Estados miembros, sin necesidad de modificar el Tratado de la UE. De momento, los cambios propuestos por Duisenberg cuentan con el apoyo de todos los Gobiernos de la Unión salvo Finlandia y Holanda. Una reforma de mayor envergadura debería tramitarse a través de una conferencia intergubernamental y ser ratificada en todos los países de la Unión. La Comisión se reserva el derecho a presentar propuestas de más calado en el marco de la convención sobre el futuro de Europa, que prepara una Constitución de la UE.