La justicia de Argentina autoriza la subida del gas y la electricidad
Un juez argentino avaló de manera implícita los aumentos de las tarifas de los servicios públicos privatizados de gas y electricidad dispuestos hace varias semanas por el Gobierno a través del decreto 146.
El juez de lo Contencioso-Administrativo Guillermo Rossi, al responder a una presentación de la Defensora del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, Alicia Oliveira, en contra de los aumentos, decidió no considerar inconstitucional el aumento de las tarifas, si bien establece que una vez por mes el Estado deberá informar sobre la calidad y cumplimiento de los servicios públicos privatizados.
El fallo de Rossi no resuelve el fondo de la disputa judicial entre el Gobierno y la Defensora del Pueblo, pero no se opone al aumento, por lo que da luz verde al ministerio de Economía para seguir adelante con el decreto presidencial. Los aumentos de las tarifas de los servicios públicos forman parte de una de las cláusulas que figuran en la carta de intención firmada por Argentina con el Fondo Monetario Internacional (FMI). En el marco de este acuerdo, el presidente Eduardo Duhalde firmó el decreto mencionado por el cual dispuso subidas que tienen por finalidad 'mantener la calidad de los servicios'.
Los incrementos para las tarifas de electricidad son de un promedio del 9%, en tanto que los que afectan al gas para consumidores residenciales llegan al 7,2%. En el caso de los consumidores industriales, la electricidad se incrementará un 18% y para los servicios de gas de la capital argentina y sus alrededores la subida alcanzará el 19,3%.
Sin embargo, el FMI y las compañías concesionarias de estos servicios consideran que estos porcentajes son bajos, si se toma en consideración el aumento experimentado por sus costes desde la devaluación de enero de 2002. El Fondo ha pedido al Gobierno que aplique incrementos entre el 30% y el 40% para el consumo particular. Aunque se ha negado a hacerlo, el Gobierno ha dicho que habrá dos aumentos más en el curso de 2003, con lo cual se acercaría a lo propuesto por el FMI.
Ahora, la Defensora del Pueblo presentará un recurso judicial para intentar que estos aumentos no entren en vigor hasta que se resuelva la constitucionalidad o inconstitucionalidad del decreto presidencial.
Además, otros dos jueces deben resolver si aceptan otras medidas cautelares presentadas por consumidores. Si aprueban estas demandas, las subidas quedarían sin efecto, tal como ocurrió en diciembre pasado.