Interior exige a Rabat que readmita a los marroquíes expulsados
El secretario de Estado para la Extranjería y la Inmigración, Jaime Ignacio González, exigió ayer que Marruecos cumpla el convenio existente desde 1992 y que obliga a Marruecos a readmitir a los inmigrantes irregulares de terceros países que llegan a España desde territorio marroquí.
Esta fue la petición de González al director general de Asuntos Internos de Marruecos M'Hamed Dryef, con quien se entrevistó ayer, en lo que fue el primer encuentro de trabajo entre España y Marruecos en materia de inmigración tras el restablecimiento del embajador marroquí.
El responsable marroquí no quiso pronunciarse sobre el incumplimiento de dicho convenio, pero González aseguró que en los próximos días se reunirán los servicios del Ministerio de Interior marroquí y la policía española para buscar nuevos mecanismos de readmisión de estos extranjeros no marroquíes que usan las fronteras del país magrebí para llegar a España.
La otra parte del convenio firmado en 1992 incluye el compromiso de Marruecos de readmitir a los propios ciudadanos marroquíes que están de forma irregular en España. González indicó que Marruecos cumple 'razonablemente' esa parte del convenio.
El responsable marroquí se mostró muy satisfecho del tono de las conversaciones que según manifestó se desarrollaron en un ambiente de 'amistad, sinceridad y voluntad política'. Precisamente este buen talante permitirá, según M'Hamed Dryef, 'desarrollar mucho más la cooperación entre ambos países en materia de inmigración'.
Entre el resto de los asuntos que trataron en este encuentro están cómo combatir los problemas que afectan por igual a Marruecos y España y que son la mayor presión migratoria, la creciente presencia de las redes de inmigración ilegal y el aumento de los casos de irregulares, así como la manera de fortalecer el control de las fronteras contra el tráfico de personas.
Mientras tanto, en Italia la lentitud en el actual proceso de regularización (por la falta de personal que tramita la documentación) mantiene a cerca de 700.000 inmigrantes en situación de incertidumbre y en un 'limbo' legal a la espera de lograr el permiso de trabajo y residencia.
El pasado 10 de noviembre las autoridades comenzaron a examinar las solicitudes, de las cuales 340.000 corresponden a empleados del servicio doméstico o dedicados al cuidado de ancianos o personas impedidas, y el resto, a inmigrantes que trabajan en las empresas italianas.