El PSOE se suma a la Junta y Parlamento andaluces e interpone un recurso contra la Ley Financiera
El PSOE tiene ya cerrado el texto del recurso que presentará ante el Tribunal Constitucional contra la Ley de reforma del sistema financiero (Ley Financiera), en línea con el anuncio ayer de la Junta de Andalucía de que también va a llevar la norma ante el Alto Tribunal como ya hiciera el Parlamento andaluz, según fuentes del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados.
El recurso, que será presentado en los próximos días por el portavoz parlamentario del PSOE, Jesús Caldera, se centrará en los puntos que los socialistas ya denunciaron que vulneraban la Constitución durante la tramitación parlamentaria de la Ley. El PSOE cuestiona el posible control por parte del Gobierno central de las cajas de ahorros de la Iglesia, así como la fijación en 70 años de la edad máxima para poder ser elegido consejero en una caja de ahorro, con carácter de norma básica, lo que significa que es de aplicación en todas las cajas salvo que la Comunidad Autónoma de la que dependan legisle en contra.
Por un lado, y en línea con el Gobierno andaluz de Manuel Chaves, el PSOE recurrirá la Ley Financiera por considerar que invade competencias exclusivas de comunidades autónomas, al permitir que el Ministerio de Economía ejerza "atribuciones ejecutivas" en las cajas de ahorros que tienen a la Iglesia Católica como fundadora directa. Otros puntos que el PSOE podría recurrir en materia de cajas tienen que ver con los que también llevará al Constitucional la Junta, como en lo referente a la participación en los órganos de gobierno de las entidades, la regulación "exhaustiva" de aspectos relativos a la reelección de los consejeros generales y de los vocales del Consejo de Administración; o los de la Ley que atribuyen al Estado la posibilidad de dictar normas de carácter supletorio al ordenamiento autonómico.
A todos estos recursos promovidos desde el PSOE y Andalucía contra la Ley podría añadirse el del Parlament de Cataluña que mañana decidirá, en un pleno extraordinario, después de que el Consejo Consultivo de la Generalitat dictaminara que la norma vulnera competencias autonómicas.