El FMI revisa su papel en el fracaso de la política económica argentina
La crisis argentina, con el colapso de la convertibilidad y la suspensión de pagos de la deuda pública, 'ha aumentado el número de interrogantes acerca de la efectividad de los esfuerzos del FMI para la prevención de crisis y la calidad y el impacto de las políticas que aconseja', explicaba el comunicado del IEO al anunciar la creación de un equipo de investigación sobre el caso argentino.
En 1998, el entonces director-gerente del Fondo, Michel Camdessus, calificó a Argentina como un 'modelo exitoso' de las reformas estructurales propiciadas por el organismo crediticio. Tres años después el país suramericano se desplomó. Los evaluadores revisarán ahora la 'calidad, oportunidad e impacto de los consejos dados por el FMI sobre el plan de convertibilidad, una posible estrategia de salida de ese sistema de cambio rígido, la política fiscal, la sostenibilidad de la deuda y las políticas requeridas para una operación exitosa de ese tipo de régimen de cambio'.
Asimismo, el plan de trabajo de la oficina investigará si la vigilancia del Fondo no fue insuficiente a la hora de jugar un papel importante para evitar la crisis final. En este sentido, el comunicado explica que el objetivo último del estudio es obtener lecciones que puedan servir para mejorar la efectividad de los préstamos y la supervisión del FMI en el futuro. El trabajo, sin embargo, se centrará en el periodo 200-2001 y sus resultados no se conocerán hasta 2004, para evitar influir en las negociaciones entre el organismo y Argentina.
El peligro de las quiebras
La información del Fondo ha coincidido con la visita que realiza a Washington el ministro de Economía argentino, Roberto Lavagna, quien se reunirá hoy con altos cargos del FMI y del Tesoro de Estados Unidos para intentar convencerlos de que es necesario que 'el próximo Gobierno tenga un margen de maniobra mayor que el que tuvimos nosotros'.
Mientras tanto, en Buenos Aires, el Gobierno del presidente Eduardo Duhalde firmó un decreto que introduce la figura de un mediador judicial entre deudores y acreedores. El objetivo de esta iniciativa, que tendrá una duración de 90 días, es evitar una catarata de quiebras al haber finalizado el plazo de emergencia económica dictada en enero de 2002, y que suspendía la ejecución judicial automática de los deudores. Ahora, los acreedores pueden pedir la quiebra de sus deudores, sean empresas, bancos o particulares.
Lavagna, al igual que el FMI, no quería poner límites a la libre discusión entre partes o a la actuación de la justicia. Pero la presión política y parlamentaria sobre el Gobierno, que expresa las peticiones de los deudores incapaces de hacer frente a sus obligaciones, llevó a Duhalde a idear un mediador que no obliga a los acreedores a aceptarlo y que no invalida la libre negociación.