66 empresas públicas suman un agujero patrimonial superior a 6.000 millones
El informe revela que a partir de los datos contables suministrados por las empresas, la mayoría dependientes de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), su desequilibrio patrimonial es de 4.378 millones de euros. Sin embargo, a dicha cifra deben sumarse los compromisos adquiridos por pensiones, evaluados en 1.875 millones de euros, lo que dispara el desfase patrimonial hasta los 6.253 millones.
Las empresas fiscalizadas pertenecen a los sectores siderúrgico, naval, de defensa, transportes y alimentación, entre otros.
La diputada socialista Maite Costa mantuvo ayer que los administradores de las empresas fiscalizadas han vulnerado la Ley de Sociedades Anónimas. Esta norma obliga a reducir capital o a disolver la sociedad en caso de que el patrimonio neto sea inferior al capital social. La Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada establece que el incumplimiento de la obligación de convocar una junta general o de solicitar la disolución de la empresa determinará la responsabilidad solidaria de los administradores 'por todas las deudas sociales'.
Además, el Grupo Socialista considera que se ha incumplido la legislación sobre planes y fondos de pensiones, ya que las empresas fiscalizadas no contabilizaron correctamente la totalidad de sus compromisos de pago. 'Ha habido incumplimiento de la ley, inseguridad para los trabajadores respecto al cobro de los fondos de pensiones, mayor desequilibrio patrimonial del sector público estatal y ocultación de déficit', resumió Maite Costa.
El PP aseguró que la Sepi ha regularizado la situación de desequilibrio patrimonial 'en todos los casos'.