Las regiones socialistas se descuelgan del pacto del suelo planteado por Cascos
El ministro de Fomento, Francisco Álvarez-Cascos, no ocultó su decepción al asegurar que el acuerdo no era 'plenamente satisfactorio' y definirlo como pacto de 'mínimos', ya que 'no podíamos aspirar a otro de máximos, puesto que las principales competencias en materia de suelo y urbanismo las ostentan las comunidades autónomas'. Tal y como explicó, el acuerdo suscrito ayer, del que decidieron desvincularse, tal y como estaba previsto, las regiones gobernadas por los socialistas y el País Vasco, se basa en cinco puntos básicos.
El primero de ellos hace referencia a las modificaciones que se introducirán en la actual legislación de suelo, a propuesta del Gobierno, porque son competencia estatal. Así, establece que el suelo no urbanizable será 'aquel que el planeamiento general considere necesario preservar por su valor agrícola, forestal, ganadero o por sus riquezas naturales, así como aquellos otros que considere inadecuados para el desarrollo urbano de acuerdo con criterios objetivos de carácter territorial o urbanístico establecidos por la legislación urbanística o por la territorial'.
El segundo de los puntos que contiene este acuerdo hace referencia al asunto que más discrepancias ha motivado: las valoraciones de suelo, es decir, lo que deben percibir los propietarios por sus terrenos, tanto en los procesos de expropiación por parte de las Administraciones como en las operaciones entre particulares.
Tanto el Gobierno como el PSOE coinciden en que los altos precios que se han pagado por los solares desde que comenzó el boom inmobiliario son los principales responsables de que el precio de la vivienda se haya disparado desde 1998. Sin embargo, fueron incapaces de consensuar un mecanismo que acabara con dichos altos costes.
El texto del acuerdo establece que el valor del suelo urbanizable con condiciones de desarrollo ya establecidas se obtenga por aplicación del aprovechamiento que le corresponda, 'atendiendo al valor básico de repercusión en polígono, que será el deducido de las ponencias de valores catastrales'.
A este precio a pagar al propietario se le descontaría el equivalente a los gastos de transformación de dicho suelo, 'salvo que ya se hubieran deducido al fijar los valores de las ponencias'.
Tal y como explicó Cascos, con esta medida se trata de eliminar los elementos especulativos y aquellas expectativas cuya presencia no está asegurada. Es decir, que a un suelo agrícola para el que ya esté predeterminado que se construirá una autovía se le aplique el valor de un suelo urbanizable, descontando los costes que supondrá para el comprador urbanizar dicho terreno hasta hacer viable dicha infraestructura.
El PSOE, por su parte, apostaba por ir más allá en la reforma de dichos criterios de valoración, ya que pretendía tomar como referencia los valores catastrales y penalizar duramente la retención especulativa de suelo. Además, abordaba el problema de las valoraciones de los suelos rústicos para los que todavía no se ha dispuesto aprovechamiento alguno, aspecto que queda sin regular en el acuerdo suscrito ayer.
En relación con el destino y la posible enajenación de los suelos patrimoniales, sean de la Administración que sean, los firmantes se han comprometido a utilizar el procedimiento del concurso público, en lugar de la subasta, para su venta. El compromiso incluye el otorgamiento de prioridad en los criterios de adjudicación a las ofertas que se comprometan a un mayor porcentaje de viviendas protegidas, especialmente de las destinadas al alquiler y aquellas que fijen un menor precio de venta final en el caso de los pisos de renta libre.
Otro de los aspectos clave del acuerdo, además del capítulo referido a las valoraciones de suelo, es el consenso alcanzado para agilizar los plazos en los procesos de transformación de suelo. Es decir, se trata de acortar el tiempo que tarda un suelo agrícola, catalogado como urbanizable, hasta estar listo para el inicio de las obras. æpermil;ste es, según Fomento, el instrumento que posibilitará el aumento de la oferta de suelo urbanizable, favoreciendo así su abaratamiento y el de la vivienda.
Según el pacto acordado, se establece un plazo máximo para la aprobación definitiva del planeamiento general de cuatro meses desde la entrada del expediente aprobado provisionalmente y un plazo máximo de tres meses para la aprobación inicial del planeamiento de desarrollo desde la presentación del plan en el registro correspondiente. Otras iniciativas que se estudiarán más a fondo son el incremento de la seguridad jurídica en los arrendamientos o la introducción de más transparencia en los aranceles de notarios y registradores, entre otras.
El PSOE cree que la propuesta del Ejecutivo no frenará los precios
Las seis comunidades autónomas gobernadas por el PSOE y el País Vasco escenificaron ayer lo que era la crónica de un desencuentro anunciado. Tal y como explicó al término de la reunión el consejero de Obras Públicas de Baleares, Francesco Quetglass, Fomento no aportó ninguna novedad respecto al texto presentado el pasado 17 de diciembre. Asimismo, los consejeros socialistas reprocharon al Gobierno que no haya cambiado su concepción sobre lo que es el mercado inmobiliario y anunciaron que los precios inmobiliarios no se frenarán por la aplicación de la batería de medidas acordadas. 'Frente a un modelo puramente mercantilista, donde la ley de la oferta y la demanda es la que regula su funcionamiento, desde el PSOE consideramos que para garantizar el acceso a una vivienda digna es necesario intervenir más en el mercado y poner coto a la especulación', explicó el consejero balear.Las siete comunidades que decidieron no suscribir el acuerdo recordaron que otra de las claves para frenar los precios inmobiliarios es aumentar significativamente el porcentaje de suelos destinados a la promoción de viviendas protegidas (VPO), medida contemplada en el texto de la proposición de ley que ayer defendió el secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, y que el pacto tan sólo recoge como un compromiso para premiar en los concursos públicos a las promociones que incluyan más VPO. Ahora sólo resta por saber qué valoración hará la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) del pacto, ya que Cascos anunció que está dispuesto a abrir con los ayuntamientos un foro de debate, 'pues son ellos los que tienen la llave de la gestión final del suelo'. Por su parte, Tasaciones Inmobiliarias SA (Tinsa) dio ayer a conocer que el precio de la vivienda nueva subió un 12,7% en 2002 sobre el año anterior, mientras la vivienda usada se encareció un 17,8% en el mismo periodo.