La patronal del tabaco acusa al Gobierno de querer acabar con el sector
A pesar de ello, Barreiro estima que en términos generales es 'positivo que la Administración persiga cierta coordinación de principios con el resto de las comunidades autónomas sobre la regulación del consumo de tabaco, sobre todo para que la industria sepa a qué atenerse'.
Pero insiste: 'El plan es obra exclusiva del Ministerio de Sanidad, no se ha consensuado con nadie, ni siquiera con otros departamentos ministeriales afectados'.
El ejecutivo de la organización que integra a las empresas tabacaleras defiende que es una propuesta únicamente del sector sanitario, sin ninguna previsión sobre su financiación y su definitiva puesta en marcha. 'En ese sentido', indica, 'para ser considerado como un Plan Nacional contra el Tabaquismo le falta todavía un trecho muy grande que recorrer. Además, como empresas nos cuesta mucho entender la metodología elegida por Sanidad para elaborarlo, porque nadie nos ha consultado ni una línea'.
Aunque Barreiro asegura que el documento es una nueva vuelta de tuerca contra el sector tabaquero, reconoce que el hecho de que el plan no contenga ni prevea la adopción de ninguna medida concreta dificulta enormemente que se pueda valorar el impacto que tendrá en la actividad futura de la industria del tabaco.
'Pero sí tenemos claro que era necesario clarificar el marco de actuación. Y nos gustaría que fueran capaces de sacar adelante unas medidas en las que nos sintiéramos cómodos todos', resalta.
Barreiro asegura compartir el objetivo de impedir que los menores de edad fumen y rechaza de plano la pretensión de Sanidad de que tampoco lo hagan los adultos. 'Defendemos que mientras la nuestra sea una industria legal, ha de ser el consumidor adulto el que libremente elija', explica.
El ejecutivo de la AET reseña que la industria comprende que el papel de las autoridades sanitarias es advertir de los riesgos de fumar, pero igualmente pide que se respete un marco de libertad en 'temas nucleares' para la pervivencia futura de las empresas fabricantes, y cita como ejemplo las limitaciones publicitarias que el plan propone.
'Como empresario no me puedo quedar tranquilo si me dicen por un lado que mi producto es perfectamente legal y por el otro me dicen que no me puedo anunciar. No lo entiendo. Yo les recomendaría que no fueran más allá de lo que está pasando en Europa en este sentido. El marco están sin definir y no parece sensato que en España se pretenda ir más lejos que en otros países', sostiene.
Barreiro defiende que, a pesar del ánimo de extinción que mueve a la autoridades sanitarias, hacer desaparecer 'una industria tan consolidada, con una cifra de facturación y beneficios tan grande, a medio o largo plazo es muy difícil de lograr con unas pocas medidas'.
'Lo importante ahora es ver si la opinión y las intenciones que ha demostrado la vertiente sanitaria de la Administración central y autonómica en España la comparten el resto de las ramas de la Administración', subraya.
En paralelo, la industria duda que la subida de la fiscalidad del tabaco para desincentivar el consumo tenga un efecto inmediato. 'En una Europa abierta, con libre circulación de mercancías, servicios y capitales, el consumo se busca vías alternativas y más baratas. No hay más que ver las estadísticas de ventas en España los meses de verano', señala.
Además, está convencido de que el contrabando crecería de forma espectacular. 'Medir el consumo real de tabaco es muy difícil', explica. 'Estoy convencido, y la experiencia lo demuestra, que una subida de fiscalidad haría caer las ventas legales de las empresas, pero no el consumo, que es la variable que Sanidad quiere que caiga'.
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Una cuestión de criterios
La industria tabacalera echa de menos un debate serio con la Administración para fijar criterios homogéneos y consensuados sobre lo que se quiere hacer en materia de limitación de consumo de tabaco. Barreiro cree que una vez fijados objetivos más o menos compartidos, la Administración debe precisar con qué medios y de qué forma pretende poner en marcha las medidas que prohibirán fumar en determinados lugares públicos. 'Es inútil prohibir si luego no se ponen los medios encima de la mesa para controlar la prohibición', recalca. 'El consenso es imprescindible para sacar adelante el problema sin hacer daño a los que legalmente están haciendo su trabajo. Las medidas adoptadas con dosis de radicalidad altas al final sólo obedecen a intereses que no se declaran', opina Barreiro. 'Conviene recordar, ya que a veces se olvida, que la nuestra es una industria totalmente legal, y que la misma área de la Administración que nos obliga a incluir en las cajetillas la advertencia de que nuestro producto mata o puede matar, tiene en sus manos la competencia para seguir manteniendo el status del tabaco como un producto legal'.