El Gobierno aprueba la norma que da más flexibilidad al sector
El Consejo de Ministros aprobó ayer, a propuesta de Ciencia y Tecnología, el anteproyecto de Ley General de Telecomunicaciones. El anteproyecto, que incorpora al ordenamiento español la normativa sobre telecomunicaciones aprobada por la Unión Europea en marzo de 2002, permite, en términos generales, simplificar las normas. Así, para actuar como operador en el mercado, sólo será necesario comunicarlo a la CMT, sin necesidad de obtener una autorización administrativa. Tras la notificación, el operador podrá comenzar a dar servicio.
La nueva normativa también refuerza los poderes de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT). Así podrá imponer obligaciones específicas a los operadores dominantes en aquellos subsectores en los que no exista competencia, como, por ejemplo, dar interconexión y acceso a otros operadores para propiciar su entrada en el mercado.
La normativa mantiene la institución del servicio universal como conjunto mínimo de prestaciones que deben recibir todos los ciudadanos a un precio asequible, con independencia de su localización geográfica. El acceso funcional a Internet también ha sido incluido en el servicio.
El anteproyecto recoge las garantías para los operadores a la hora de utilizar dominios públicos para el despliegue de redes. También se recogen los criterios comunitarios para la imposición de tasas económicas a los operadores para que las que imponga cada administración pública se sujeten a los principios de proporcionalidad, transparencia y justificación. El objetivo es evitar que unos peajes altos desincentiven la entrada de competidores.
Mediante reglamento se podrá permitir la transmisión de los derechos de uso de las frecuencias, aunque se desconocen cuáles serán las condiciones para poder hacerlo.
El régimen sancionador se endurece. Se incluye como infracción el incumplimiento de los límites de emisiones en las antenas radioeléctricas. También se prevé la inhabilitación de operador que comete una infracción y la retirada del mercado de equipos y aparatos que no cumplan las normas. De Ciencia y Tecnología dependerán las obligación de servicio público, protección de usuarios y frecuencias, y la CMT se encargará de competencia y relaciones entre operadores.