Competencia impide que la industria licorera rechace el sistema antihurto de los envases
El Tribunal de Defensa de la Competencia ha prohibido a la Federación (TDC) Española de Bebidas Espirituosas (FEBE) que recomiende a sus asociados oponerse a la petición que les han realizado las grandes empresas de distribución para que incorporen a los envases de sus productos etiquetas de seguridad y sistemas antihurto.
El tribunal asegura en su argumentación que una respuesta uniforme de todos los asociados de esta federación 'sería indeseable e inadecuada para una ordenada competencia'.
El TDC hace así suya la opinión ya formada por el Servicio de Defensa de la Competencia. Y explica que la recomendación que la federación hace a sus asociados 'no tiene como finalidad la adecuación de la oferta a la demanda frente a una pretendida crisis del sector, ni se justifica por la solicitante ninguna ventaja económica de interés general que aporte la recomendación ni beneficio alguno para los consumidores'. El tribunal asegura que esta recomendación busca únicamente reportar beneficios a los propios empresarios que forman parte de la federación, 'que no están en condiciones de asumir los costes inherentes a la incorporación de los sistemas de seguridad antihurto que se les exige por algunas empresas de distribución'.
A pesar de la prohibición del Tribunal de Defensa de la Competencia, fuentes de la FEBE mostraron ayer su satisfacción. Según su criterio, 'el hecho de que el tribunal impida llevar a la práctica nuestra decisión trae de la mano la misma prohibición para la acción concertada que determinadas empresas de distribución han puesto en marcha para obligar no sólo a los fabricantes de bebidas alcohólicas, sino al resto de la industria alimentaria, para que incorporen a su envases etiquetas y sistemas antihurto'.
Esta iniciativa de parte de la gran distribución fue denunciada también el pasado mes de noviembre por la Federación de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) ante el Servicio de Defensa de la Competencia.
La FIAB entiende que la iniciativa adoptada por El Corte Inglés, Carrefour, Alcampo y Mercadona, y comunicada a la industria por vía notaria, exigiendo la adopción de un sistema de seguridad previamente decidido por ellas, supone un pacto que vulnera la libertad de mercado. Esa denuncia esta actualmente en fase de trámite.
Por otro lado, el Tribunal de Defensa de la Competencia si autorizó ayer el acuerdo alcanzado en el seno de la Asociación de Empresarios del Tabaco (AET) para establecer un código de autorregulación publicitaria.
El tribunal, siguiendo también el criterio del Servicio de la Competencia, permitirá a la industria tabaquera que su actividad publicitaria quede regulada por este regulación durante un periodo de cinco años y pide al Servicio de la Competencia que vigile su ejecución y cumplimiento.
El tribunal entiende que si bien el acuerdo contiene limitaciones a la autonomía de la política comercial de las empresas asociadas, 'esas limitaciones tienen como objetivo proteger un interés general relacionado con el consumo del tabaco, fundamentalmente por menores de edad'.