La empresas públicas tienen un agujero de 4.378 millones
El Tribunal de Cuentas ha contabilizado 4.378,84 millones de euros de desequilibrio patrimonial (diferencia negativa entre el patrimonio y el capital social) en el conjunto de las empresas del Estado al cierre del ejercicio de 2000, según se desprende del informe de fiscalización sobre situaciones de desequilibrio patrimonial en compañías estatales en el periodo 1998-2000, al que tuvo acceso Europa Press. De este desequilibrio, 3.522,14 millones procedían de Rumasa.
En concreto, el fiscalizador atribuye 719,76 millones de euros de diferencia entre los patrimonios netos y el capital social a las entidades dependientes de SEPI, mientras que a las controladas por la Dirección General de Patrimonio del Estado, Rumasa entre ellas, les asigna 3.645,66 millones, y a las dependientes de entidades públicas empresariales y otros organismos, 13,41 millones.
En el caso de Rumasa, confirma la existencia de desequilibrios patrimoniales 'muy graves' en el periodo analizado, estando la empresa incursa en causa de disolución y con patrimonio neto negativo por más de 3.419,76 millones de euros. La Ley de Acompañamiento de 2001 canceló las deudas y préstamos entre la sociedad y el Estado.
En cualquier caso, el tribunal revisa las cifras generales al constatar que en algunas sociedades se realizó un registro incorrecto de la dotación de fondos destinados a cubrir el valor actual de los compromisos asumidos con el personal afectado por expedientes de regulación de empleo.