Los ejecutivos apoyan el autogobierno
Los ejecutivos han recibido de buena gana las recomendaciones del Informe Aldama. Creen que era necesario reflexionar sobre la necesidad de velar por el buen gobierno de las empresas
El informe elaborado por la Comisión Aldama, que aboga por la transparencia en las prácticas de buen gobierno y lealtad de consejeros y accionistas de referencia, ha sido bien acogido entre las cúpulas directivas. Entre las recomendaciones, que no imposiciones, que se sugieren -hecho que ha aliviado a los ejecutivos, que prefieren la autorregulación a una normativa legal-, destaca que las empresas cotizadas elaboren un informe anual sobre el desarrollo y el cumplimiento de las prácticas de buen gobierno. Algunas de las recomendaciones, como manifestó el ministro de Economía, Rodrigo Rato, el pasado miércoles durante la presentación del informe, serán elevadas a rango de ley.
Tras despedir el año todavía con la resaca de algunos escándalos, como los de Enron, Worldcom o Vivendi, los altos directivos y expertos en temas de buen gobierno calificaron como necesario el estudio elaborado por el equipo de trabajo liderado por Enrique Aldama. Así se expresaba el presidente de Indra, Javier Monzón, para quien es obligatorio que haya una total transparencia dentro de las compañías. 'Es importante contar cómo nos organizamos, pero también creo que tiene que haber hechos de obligado cumplimiento'. Para este ejecutivo, que hasta ahora siempre ha seguido las recomendaciones del Código Olivencia, la ley española tiene una regulación 'susceptible de ser mejorada', pero opina que no puede existir una regla general aplicable a todas las compañías. 'Cuando haces algo de manera obligatoria corres el riesgo de que no sea bueno para todos'. Por ejemplo, no se puede generalizar la proporción de consejeros independientes que han de tener las empresas, 'porque no todas las empresas son iguales'.
Como muy positivo califica el abogado Antonio Garrigues el Informe Aldama. Y agradece, fundamentalmente, que no sea alarmista. 'Generando un clima de alarmismo no se arreglan las cosas'. Y señala que el camino a seguir por parte de las empresas es la autorregulación más que la vía legal. 'Es difícil establecer normas, ya que todas las decisiones empresariales implican riesgos', señala este abogado, que explica que se debería llevar por el camino legal todo aquello que implique falta de lealtad frente a los accionistas. De manera que 'se pueda castigar a una persona que no explique un conflicto de intereses'. Garrigues defiende que exista un terreno de voluntariedad, de manera que cada empresa pueda regular su comportamiento y lo incorpore a sus informes anuales.
'Era necesario el informe de la Comisión Aldama, lo que no debe existir es una normativa que atenace la toma de decisiones', explica Arranz
Sin ética no se sobrevive
Para Garrigues no es bueno establecer corsés rígidos, 'ya que nos impedirán avanzar en la línea europea'. Y matiza que es necesario que el empresario y el capitalismo se den cuenta de que todo tiene que valer para poner en marcha un proceso de regeneración ética. 'Es necesario que se sepa que no se debe mentir ni engañar, sin ética no se va a sobrevivir porque el mercado te castiga', manifiesta el abogado.
En este punto está de acuerdo el director general del IESE, Jordi Canals, que ha formado parte del equipo de profesionales que han elaborado el informe de la Comisión Aldama. 'Aquellos que expliciten sus procesos de gobierno corporativo tendrán premio'. Para Canals, el objetivo del informe, sin llegar al extremo sancionador de Estados Unidos, es recalcar la necesidad de reflexionar sobre distintos aspectos del gobierno corporativo,'dar criterios sobre el funcionamiento de los consejos de administración, las remuneraciones y poner el acento en la necesidad que tienen las compañías de reflexionar sobre estos temas, porque aunque los escándalos que ha habido de falta de lealtad hayan ocurrido en Estados Unidos, no significa que no tengamos que tenerlos en cuenta'. En opinión de Canals, es necesario que exista un claro equilibrio entre la normativa legal y la autorregulación.
Y no existe autogobierno, agrega Javier Monzón, sin transparencia. Algo que si regularía este directivo, por ejemplo, serían los blindajes de los ejecutivos. 'No creo que sean necesarios y son difícilmente justificables. La legislación tiene que impedir el blindaje de personas, como los consejeros, que son cargos de confianza. Tiene que existir libertad para cesarlos'. pasa a la página siguiente
El vicepresidente de la Confederación Española de Directivos y Ejecutivos (CEDE), Ramón Adell, asegura que le da miedo esa 'profusión de formular códigos e informes, haya un exceso de regulación'. En su opinión, 'puede ser perverso para el buen funcionamiento de las sociedades'. Según Adell, la normativa hay que hacerla compatible con la autorregulación. 'Los comportamientos éticos son rentables y debe haber un convencimiento de eso. Es rentable para el directivo y para la empresa a largo y medio plazo. Existe un porcentaje elevado de directivos y consejeros que cumplen bien su trabajo, pero hay escándalos contables que han destapado la necesidad de poner coto a prácticas no deseables', señala Adell, que defiende pronunciamientos que vayan en la línea que apoye actuaciones éticas. Aboga porque los consejos de administración se autorregulen en su organización interna. 'Me parece bien que sean soberanos, que exista pronunciamiento y que eviten prácticas que vulneren los intereses de los pequeños accionistas', matiza Adell.
Competir peor
El profesor de estrategia del Instituto de Empresa, Joaquín Garralda, cree también en la autorregulación, 'es mucho más flexible para las empresas, que no la reglamentación en un mundo más global que les permitirá competir peor'. Un aspecto clave que este profesor destaca del informe de la Comisión Aldama es la transparencia. 'Si se hace autorregulación y se es transparente, es posible que las empresas que no lo cumplan tengan su castigo. Esto es un aviso para navegantes y que pone sobre la pista de cómo deben actuar a las empresas', agrega Garralda.
El presidente de la Asociación Española de Ejecutivos de Finanzas, César Arranz, señala que lo que pretende el Informe Aldama es intentar aportar transparencia a las empresas. 'Se trata de buscar un punto de vista normativo y preventivo para que no ocurran desastres. Era necesario este informe, lo que no debe existir es una normativa que atenace la toma de las decisiones dentro de las empresas'. Arranz explica que el informe 'viene a poner luz' y a reforzar la imagen de solvencia y a dar confianza a los mercados financieros. 'No soy partidario de que se haga por la vía normativa, pero propugno la parte voluntaria para implantar controles por parte de las empresas'.
El presidente de la Fundación de Estudios Financieros, Aldo Olcese, opina que tratamiento del apartado que concierne a su sector, el conflicto de intereses entre los analistas y los bancos de inversión, es positivo. 'El informe era oportuno por la necesidad de replantearse el gobierno societario. Va en la línea correcta y comprometida de la sociedad civil', explica Olcese.
Más transparencia sobre los blindajes
La millonaria indemnización recibida por el ex presidente del Santander Central Hispano, José María Amusátegui, tras su salida anticipada de la entidad es uno de los últimos ejemplos de la polémica política de blindajes que en los últimos años están llevando a cabo las empresas, informa Natalia Sanmartin. La Comisión Aldama ha abordado esta cuestión en su informe de recomendaciones, en el que aconseja a las compañías incrementar el control y la transparencia sobre estas decisiones.El grupo de expertos dirigida por Enrique Aldama, que califica de 'inadecuadas' algunas de estas actuaciones, entiende que se trata de una materia de difícil regulación que debe dejarse en manos de cada empresa. Pese a ello, el texto recomienda que los contratos de alta dirección que incluyan cláusulas de blindaje deban contar necesariamente con la aprobación formal del consejo de administración de la sociedad. Una vez formalizada esa aprobación y siempre que la cuantía de la indemnización supere los dos años de salario acordado, el exceso debería ser provisionado por la compañía en el balance del mismo ejercicio en que se aprueba, haciéndolo constar de forma separada. En cualquier caso, el Informe Aldama aboga por incluir la remuneración 'y el coste total de la alta dirección' en el informe anual que deberán realizar las entidades. En esa relación debería especificarse, de forma desglosada, la retribución en metálico y en especie del alto directivo, los planes de opciones sobre acciones, los bonus, los fondos de pensiones, las provisiones por indemnizaciones y cualquier otra compensación que la sociedad haya pactado.
Jorge Gil Lozano: 'Hay que velar por cumplir la legalidad'
El consejero delegado y vicepresidente en España de American Express, Jorge Gil Lozano, explica que los códigos de buen gobierno resultan 'muy útiles' a la hora de gestionar una empresa. En concreto, asegura que la empresa que dirige tiene un código de conducta de obligatoria lectura para cada empleado y que trata los aspectos éticos. 'Nuestro funcionamiento del día a día se rige por una serie de políticas, a nivel internacional y específicas por país, que se traducen en procedimientos concretos de actuación para cada departamento y que aseguran que nos atengamos a la ética y a la legalidad', afirma. Además, según Gil Lozano, las empresas deben tener una estructura, tanto departamental como dotada de personal, encargada de velar, no sólo el cumplimiento de la legalidad, sino también el cuidado ético profesional y los compromisos adquiridos dentro de la organización. Y señala que el código, denominado de cumplimiento en American Express, no nace al calor de los recientes escándalos, sino que se fraguó en 1990.
Javier Ramiro: 'Existe más ética de la que se piensa'
Según el presidente de Philips, Javier Ramiro, era necesaria la regulación que propone el equipo liderado por Enrique Aldama y 'la forma en que se ha hecho ha sido buena'. Porque deja libertad, 'pero nos obliga, por ejemplo, a tener por escrito un código de conducta que tenemos que firmar todos los años'. Internamente, las empresas tienen que tener un sistema propio de control, pero a la vista de las autoridades, de manera que se garantice la transparencia. En este sentido, agrega Ramiro, 'hacia falta que se refrescarán estos conceptos y es bueno que se haga de una vez porque se han visto casos de falta de valores'. En opinión de Ramiro,'hay más ética de la que se piensa'. Y los escándalos no son generalizados, 'hay pocas empresas que se las saltan y es bueno que se castigue a las que lo hacen'. En su opinión, era necesario 'regular un poco' y que haya transparencia, en detalles, por ejemplo, como la remuneración de los directivos en función del valor de las acciones.
Pedro Mielgo: 'Es necesario atajar algunos casos'
En opinión del presidente de Red Eléctrica, Pedro Mielgo, el gobierno corporativo ha cobrado importancia en los últimos meses a raíz de los casos de 'desgobierno' ocurridos en Estados Unidos, 'que aconsejaban reflexionar sobre estas cuestiones'. Por ello considera que el informe elaborado por la Comisión Aldama sobre gobierno corporativo 'es oportuno', aunque considera que en el mundo empresarial no se ha perdido más valor que en el resto de la sociedad. 'No podemos generalizar sobre el mal gobierno corporativo porque la mayoría de los directivos españoles son responsables y cumplen las leyes, pero también es cierto que hay casos que es necesario atajar', explicó ayer Mielgo, quien aseguró, además, que la autorregulación es necesaria y no hay que olvidar que ya existen leyes generales que hacen que se cumplan ciertas normas. Agregó que son necesarias normas más administrativas y más próximas a la vida de las empresas. 'Es importante que la legislación sea coherente con los principios generales y evitar corsés en la vida de las empresas'.