La Unión Profesional pide que se anulen las elecciones en Caja Cantabria
La Unión Profesional de Cantabria, que integra a los principales colegios profesionales de la comunidad autónoma (abogados, economistas, agentes comerciales, ingenieros técnicos, médicos y otros grupos profesionales), se ha sumado a la petición realizada en diciembre por la comisión electoral de la entidad de que se suspenda el proceso de renovación de la asamblea abierto en Caja Cantabria. En dos escritos remitidos al consejero de Economía y Hacienda de la región, la presidenta de la Unión Profesional de Cantabria y decana del colegio de abogados de esta autonomía, Victoria Ortega Benito, solicita 'la suspensión total del proceso electoral' actualmente en curso.
La decana entiende que la designación de consejeros de la caja realizada el pasado 25 de noviembre por el Parlamento autonómico no se ajusta a derecho, ya que tal y como se produjo conculca la Ley de medidas de Reforma del Sistema Financiero (Ley Financiera). Esta norma, que ya entró en vigor, señala que 'la representación de las Administraciones públicas y corporaciones de Derecho público en sus órganos de gobierno, incluida la que corresponda a la entidad fundadora cuando ésta tenga la misma naturaleza, no podrá superar en su conjunto el 50% del total de los derechos de voto en cada uno de tales órganos, teniendo que estar representadas todas las entidades y corporaciones'.
Pero las Administraciones públicas (Parlamento y corporaciones locales) de Cantabria se han reservado en exclusiva ese tope, excluyendo a las corporaciones de Derecho público e incluso a las entidades fundadoras.
Se da la circunstancia de que el Colegio de Abogados de Cantabria al que representa Victoria Ortega Benito no sólo es una corporación de derecho público, sino que aparece como miembro de la entidad fundadora de la caja, según consta en el acta fundacional del año 1898.
Por el momento, la comisión electoral, el órgano encargado de regular el proceso electoral en la caja, no ha recibido respuesta del consejero de Economía, a sólo un día de la fecha prevista para la constitución de la nueva asamblea.
Esta comisión considera que antes de proceder a la renovación de los órganos de gobierno habría que adaptar los estatutos a la norma estatal.