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Tribunales

Archivado el 'caso Baxter', en el que murieron 10 enfermos renales

La jueza de Valencia que investiga la muerte de seis enfermos renales tratados con dializadores de la empresa Baxter, ocurridas en agosto de 2001 en la clínica Virgen del Consuelo de esta ciudad, ha decidido el 'sobreseimiento libre y archivo' del caso al no existir indicios del delito. Fuentes jurídicas señalan que la magistrada del Juzgado de Instrucción número 7 de Valencia ha adoptado esta decisión de acuerdo con una solicitud de la fiscal del caso, quien estima que las causas de las muertes, según un informe elaborado por el Instituto Carlos III de Madrid, 'son las que en su día Baxter reconoció', es decir, un fallo en los dializadores.

Baxter alegó que actuó con rapidez cuando detectó el problema e indemnizó, en noviembre de 2001, con 325.748 euros a cada una de las familias de los seis enfermos fallecidos en Valencia, cuya muerte investigaba este juzgado, así como a las de los cuatro pacientes que murieron en el hospital de La Princesa (Madrid), lo que motivó que los familiares se retiraran del procedimiento judicial. Ni la fiscal ni la juez han encontrado indicios del delito de imprudencia con resultado de muerte por parte de los responsables de la compañía que fueron investigados.

La fiscal considera que 'no es necesario' investigar ni tomar declaración a los responsables de Baxter, 'que no tenían la capacidad de actuar en estas circunstancias concretas' y agrega que su responsabilidad es 'exclusivamente civil' y ya ha sido satisfecha con las indemnizaciones, que se pagaron 'con celeridad y rapidez'.

En cuanto a las personas que tenían la responsabilidad de actuar tras los fallecimientos, señala que su actuación tuvo la diligencia exigida. Por estos hechos fueron investigados el director de la clínica Virgen del Consuelo, Joaquín Montenegro, y el jefe de la unidad de hemodiálisis, Manuel Angoso, aunque las actuaciones relativas al segundo fueron archivadas por el juzgado, que destacó su 'alto sentido de la responsabilidad' y el hecho de que apuntó la hipótesis de un fallo en los filtros de Baxter, lo que llevó a investigar a la compañía.

Por todo ello, al entender 'que no existe una imprudencia relevante a efectos penales', la fiscal propuso el archivo, acordado por la magistrada en el citado auto. La Consejería de Sanidad solicitó intervenir en el proceso, pero se desestimó ante la posibilidad de que fuera responsable subsidiaria.

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