Cajasur, en guerra con la Junta al rechazar su tutela
Cajasur, la segunda caja de Andalucía por detrás de Unicaja, consumó el sábado su adhesión a la Ley Financiera, de ámbito estatal, y se convirtió así en la única caja española que escapa a la tutela de su administración autonómica y pasa a depender del Gobierno.
Con esta decisión, la caja cordobesa controlada por el sacerdote Miguel Castillejo desoye los llamamientos al diálogo de la Junta de Andalucía y de la propia Iglesia y entra de lleno en una guerra política y jurídica con el Gobierno andaluz y con el obispo de Córdoba, cuyas órdenes han sido expresamente desobedecidas por la entidad. Sólo el PP y el Gobierno central respaldan los pasos del presidente de Cajasur, que tiene en contra al Ejecutivo de la comunidad y a todo el arco político de la región como prueban los dos recursos ante el Tribunal Constitucional de la Junta y del Parlamento de la comunidad.
La batalla jurídica será la más ardua, ya que a estos recursos se suma la batería de acciones que están anunciadas en los tribunales ordinarios impugnando los distintos pasos que han colocado a la entidad fuera del sistema financiero andaluz.
Y es que tal y como estaba previsto, el presidente Miguel Castillejo consiguió el sábado que más de dos tercios de la asamblea general de Cajasur aprobaran los nuevos estatutos de adaptación a la Ley Financiera, un texto que deberán ahora ser ratificados por el Ministerio de Economía. La Junta y la Diputación de Córdoba, cuyos representantes fueron insultados a las puertas de la asamblea por unas dos mil personas que vitoreaban a Castillejo, encajaron la derrota anunciando una nueva batería de recursos.
Según los nuevos estatutos, los representantes de la Iglesia en la caja, que ahora obedecen a Castillejo, se aseguran más del 50% del consejo y casi también la mitad de la nueva asamblea.
Por el contrario, los ayuntamientos y sobre todo la Diputación de Córdoba, que pierde su condición de entidad cofundadora, sufren un severo recorte y pasan del 35% al 21% del consejo. También cae ligeramente la cuota de los impositores, mientras que sube la de los trabajadores, controlados por un sindicato (Aspromonte) que siempre se ha mantenido fiel al presidente.
Además, los nuevos estatutos blindan los poderes de Castillejo y abren la posibilidad de que éste vete la presencia en el consejo de grupos como el PSOE, como adelantó este diario. Según un comunicado de la entidad, la aprobación de los nuevos estatutos refuerza la independencia de la caja frente al 'control político', al asignar un 'mayor protagonismo' a la sociedad civil. La asamblea también aprobó el resultado de este ejercicio y la previsión de un beneficio bruto para 2003 de 90 millones.
Por otra parte, el grupo del PSOE en el Congreso ha dirigido un escrito al Gobierno en el que pregunta si Castillejo ha mantenido alguna reunión con responsables del Ministerio de Administraciones Públicas, que dirige el secretario general del PP, Javier Arenas, informa Efe.