Los Quince castigarán el soborno en la empresa
La corrupción pasiva o activa en el sector privado merecerá penas de cárcel de uno a tres años como mínimo y la inhabilitación temporal del condenado para el ejercicio de su actividad profesional, según acordaron ayer los ministros de Justicia de la Unión Europea.
Los Quince aprobaron una decisión marco, que armonizará y endurecerá los castigos de un delito 'que no es sólo un problema local, sino también transnacional', según el texto aprobado tras seis meses de discusiones. Italia y Alemania levantaron ayer sus últimas reservas a una decisión que los dos países podrán aplicar con carácter restringido durante los próximos cinco años.
España, según fuentes diplomáticas, deberá modificar el Código Penal, porque no existe una norma que pueda dar seguimiento a lo pactado en Bruselas. Los Estados disponen de dos años para adaptar su legislación nacional.
Los Quince, así como los 10 países que ingresarán en la UE en 2004, considerarán delito el soborno y el chantaje entre empresas o particulares durante el ejercicio de sus actividades comerciales o profesionales. Los ejemplos de las conductas que pretende castigar la nueva norma van desde un jefe de compras que acepte comisiones fraudulentas de un proveedor hasta una empresa que renuncie a competir en una licitación o concurso a cambio de un pago de otro competidor.
Semejante al cohecho
En la práctica, la norma supone extender al ámbito privado el castigo del delito tipificado como cohecho en el sector público. 'Se trata del primer instrumento legalmente vinculante en la UE de lucha contra la corrupción en el sector privado y nos permitirá defender una posición común en las negociaciones que se llevarán a cabo en el seno de Naciones Unidas', declaró con gran satisfacción el comisario europeo de Justicia e Interior, Antonio Vitorino.
La iniciativa de la nueva norma partió de Dinamarca, país que preside este semestre la Unión Europea. El acuerdo se ha alcanzado con bastante rapidez, a pesar de los cambios legales que puede suponer.
El incremento de la actividad comercial transfronteriza en la UE, así como la llegada de nuevos socios comunitarios, en muchos de los cuales la corrupción constituye una lacra considerable, han facilitado la tramitación de la decisión marco. El compromiso adoptado ha sido posible después de que se incluyera una declaración en la decisión que permitirá a los países que lo deseen reducir su campo de aplicación durante un período de cinco años.
Esta declaración permitirá a Alemania e Italia, que así lo han pedido, aplicar durante cinco años esta medida sólo en casos en los que las acciones delictivas afecten a una posible distorsión de competencia entre empresas y restringir así su enfoque de aplicación. Para los restantes países, las medidas de lucha contra la corrupción afectarán a todo el sector privado.