Los directivos consideran escaso el protagonismo del consejo en la empresa
Los directivos españoles reconocen sus debilidades. En un estudio realizado por la Fundación de Estudios Financieros entre 178 personalidades de la vida empresarial y expertos en materia de buen gobierno, son conscientes de la relevancia del papel que debe jugar el consejo de administración en la vida de las empresas, pero reconocen que, a la hora de la verdad, su involucración es escasa. Como ejemplo, el 96% de los entrevistados considera que una de las tareas del consejo de administración es aprobar la estrategia de la compañía. Sin embargo, el 54% reconoce que la implicación del consejo es, en la práctica, insuficiente.
También creen (el 92% lo asegura así) que una de las principales tareas del consejo de administración debería ser nombrar, evaluar, fijar la retribución y planificar la sucesión de los consejeros delegados. Pero el 63% de los entrevistados reconoce que en la práctica esto no sucede así.
Según Aldo Olcese, presidente de la Fundación de Estudios Financieros, los resultados del estudio demuestran la capacidad de autocrítica de los directivos, ya que reflejan la disparidad entre lo que consideran funciones importantes del consejo de administración y lo que sucede en la realidad. Olcese resaltó ayer, durante la presentación del informe, que 'hay mucha gente dando opiniones y ofreciendo soluciones sobre el gobierno corporativo, pero sin conocer exactamente dónde está el problema. Nuestro informe cuenta con la opinión cualificada de las personas que están directamente implicadas en el gobierno de las empresas'.
Los directivos españoles parecen estar de acuerdo en que exista separación entre las funciones del primer ejecutivo y las del presidente del consejo de administración. Al menos es la opinión mayoritaria, que comparte el 68% de los encuestados. El objetivo es aumentar la transparencia en el ejercicio de su función y la independencia entre las tareas ejecutivas y de supervisión. Pese al acuerdo, se considera, de forma generalizada, que este asunto debe formar parte de la autorregulación de las compañías.
Uno de los aspectos que más debate generan entre los altos directivos de las empresas es la definición de lo que se considera consejero independiente. Aldo Olcese asegura que la Fundación de Estudios Financieros, como muchos directivos, prefieren hablar de consejeros externos.
Y si en este punto hay abierta una discusión, en lo que parece haber mayor unanimidad es en la conveniencia de establecer una retribución para el consejero independiente o externo que, en términos absolutos, no ponga en peligro su independencia.
Otra de las medidas referentes al gobierno de las empresas que goza del consenso de los afectados es la conveniencia de escribir y publicar el código de gobierno interno, evaluando anualmente su cumplimiento y detallándose los casos en los que no se haya seguido alguna de sus recomendaciones.
Opina así el 94% de los encuestados y la mayor parte de ellos (el 52%) considera, además, que debería regularse por norma la obligación de su publicación.
El 56% cree también que debería regularse la obligación de que se gestionen las salvedades de auditoría de forma que desaparezcan de un año para otro y para que el consejo de Administración o el presidente de la comisión de auditoría informe de ellas en la junta general.
Consenso sobre el incremento de la información a los accionistas
Los directivos españoles se muestran a favor de que se establezcan medidas que favorezcan los intereses de los accionistas minoritarios. Según el informe elaborado por la Fundación de Estudios Financieros, los altos ejecutivos de las empresas españolas apoyan que se regule mediante una norma lo referente a la eliminación de restricciones estatutarias al criterio de una acción, un voto o el establecimiento de medidas que favorezcan la participación y el voto de los minoritarios en la junta.También aseguran que deberían tener un carácter normativo asuntos como la eliminación de medidas antiopa o el acceso de todos los accionistas a las opas si éstas significan un cambio en el control de la compañía. La mayor parte de los directivos considera, además, que se debería incrementar la información previa a las votaciones que se realicen en las juntas, 'asegurando con suficiente antelación la presentación, comunicación y explicación a los accionistas de la información relevante que se va a tratar, por ejemplo, mediante la celebración de reuniones informativas previas a las juntas generales'. Creen también que se debería obligar a las instituciones de inversión colectiva y a las gestoras de fondos de pensiones a comunicar el sentido de su voto o la razón por la cual no votan en las juntas de las empresas de las que son accionistas. Otra de las medidas que consideran que deberían regularse es referente al voto de custodios, para asegurar que no existan delegaciones de voto en blanco. Además, los directivos consideran que se debería exigir por norma que la junta vote cualquier plan de opciones sobre acciones. También se muestran a favor de que se defina, en función del tamaño de la sociedad, el límite de acciones mínimo para poder realizar una propuesta ante la junta de accionistas.