La CE considera ilegales algunas ayudas a los agricultores españoles
La Comisión Europea ha decidido que España debe "anular y recuperar" parte de las ayudas otorgadas a los agricultores para paliar la subida del precio de los carburantes en el 2000, aunque ha considerado legales otra parte de esas compensaciones.
Bruselas se pronunció sobre las medidas autorizadas por el Gobierno español en octubre del 2000, para compensar al sector agrícola afectado por los altos precios del carburante Estas ayudas fueron de 300 millones de euros para agricultores y ganaderos y de 42 millones de euros para el sector pesquero, y sobre las cuales Bruselas decidió abrir en 2001 un procedimiento formal de examen.
Ahora, Bruselas considera los préstamos bonificados dados por el Gobierno español como "incompatibles con el mercado común". Así, al tratarse de ayudas ilegales, España debe anularlas y recuperarlas de inmediato de los beneficiarios e informar a la Comisión Europea, en el plazo de dos meses, de las medidas adoptadas para este fin.
Sin embargo, el análisis de Ejecutivo comunitario concluyó la legalidad de otras medidas como las modificaciones realizadas en el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) y ciertas reducciones fiscales.
La Comisión Europea considera como "incompatibles" con el mercado común las ayudas concedidas en forma de préstamos bonificados y las garantías a los titulares de explotaciones agrarias. Asimismo, es ilegal la prórroga a los años 2000 y 2001 de los beneficios fiscales aplicables en el IRPF a la transmisión de determinadas fincas y explotaciones, ya que la Comisión Europea considera que España no ha demostrado que exista una relación entre la subida de precio del petróleo y los daños sufridos por los agricultores.
Respecto a los beneficios fiscales aplicables a la transmisión de ciertas fincas rústicas y explotaciones agrícolas, el Gobierno español "no ha aportado información sobre la observancia de las condiciones necesarias para que las ayudas de ese tipo se consideren compatibles con el mercado común", según la Comisión Europea. Sin embargo, Bruselas ha aprobado la legalidad de la modificación de la ley del IVA y las medidas fiscales en favor de las cooperativas agropecuarias. También son acordes con las normas comunitarias las ventajas fiscales aplicadas a determinadas actividades ganaderas, en el impuesto sobre la renta (IRPF) y el IVA, por piensos adquiridos a terceros, así como la reducción del rendimiento en el régimen de estimación objetiva del impuesto sobre la renta para las actividades agrícolas y ganaderas.
La Comisión Europea considera legales la reducción de porcentajes para determinar las cuotas trimestrales en el régimen simplificado del IVA y la subida en el porcentaje de gastos de difícil justificación en el IRPF.