'Eliminar las cláusulas de revisión de los convenios dispararía los salarios'

El Consejo Económico y Social (CES) cumple hoy 10 años como órgano consultivo del Gobierno y en el que están presentes los empresarios, los sindicatos y los agentes de la economía social. Su presidente desde hace un año, Jaime Montalvo (Madrid, 1942), hace hincapié en que el CES no ha sido ni debe ser un instrumento de diálogo social, sino de análisis y de reflexión política.

Pregunta. El décimo aniversario del CES coincide con su primer año en el cargo. ¿Es el mismo organismo que cuando llegó?

Respuesta. No venía con la intención de cambiar, sino que entre todos hiciéramos el mejor servicio posible a la sociedad y a los poderes públicos. El cambio tiene componente de reproche al trabajo anterior, y eso no existe por mi parte. Vamos bien encarrilados, pero es evidente que podemos hacer más y mejor.

P. Con 93 dictámenes, 29 informes y nueve memorias, ¿cómo ve al CES en su décimo aniversario?

R. Este aniversario debe servirnos como acto de reflexión. Deberíamos abrir el porqué y el para qué de este organismo. Debemos ser el gran ámbito de reflexión y debate de muchos de los problemas económicos y sociales que sufre el país. Funcionamos con la tranquilidad de que las decisiones políticas no van a ser nuestras.

P. Precisamente hoy (por ayer) patronal y sindicatos constituyen la mesa para la renegociación del acuerdo de negociación colectiva que se firmó hace un año en la sede del CES. ¿Cómo valora la aplicación de este acuerdo?

R. No se ha puesto suficiente énfasis en lo importantísimo que ha sido para la economía española este acuerdo. Fue un gesto de responsabilidad de los agentes sociales admirable y sin precedentes en Europa. La moderación salarial ha contribuido a que la inflación no se dispare más, al crecimiento económico y a paliar el efecto del desempleo.

P. ¿Cree que se renovará?

R. Por supuesto. Lo que pasa es que hay dificultades, principalmente por el papel de las cláusulas de revisión salarial. æpermil;stas juegan como un quitamiedos para que se acepte una política de moderación de los salarios.

La desaparición de dichas cláusulas dispararía los incrementos salariales, porque los sindicatos plantearían sus demandas curándose en salud. Es verdad que no todas las cláusulas son iguales; no es lo mismo negociar un aumento del 5% además del IPC, sea el que sea, que negociar el 2% y, si la inflación supera ese porcentaje, se revisa. No tendría sentido quitar este último tipo de cláusulas.

P. En este escenario, ¿comparte las últimas recetas del Fondo Monetario Internacional para atajar la inflación en España: eliminar la ultraactividad de los convenios y recortar las pensiones?

R. El FMI generaliza demasiado. Dicho esto, está por estudiar el impacto inflacionista de nuestra política de negociación colectiva. Las empresas tienen que adecuar sus salarios a su productividad y los convenios sectoriales o provinciales no pueden ordenar que los salarios sean iguales en todas las empresas.

La reforma de los convenios, a la que no hay que renunciar, debe hacerse desde el conocimiento del sistema. El CES sería el lugar adecuado y los agentes sociales están bastante receptivos. Deberíamos hacer este informe independientemente de si luego se reforman los convenios o no.

P. ¿Y respecto al recorte de pensiones?

R. Es bueno que quien pueda se haga plan privado de pensiones. Pero hay que decir que en España ahora las pensiones no son un problema. El sistema está más que estabilizado; tanto, que está sosteniendo el equilibrio presupuestario.

Ahora no podemos seguir creando verdaderas angustias injustificadas. La única garantía es que siga habiendo crecimiento económico.

P. Quedan dos años eminentemente electorales, ¿cree que deben continuar las reformas en esos momentos?

R. Sí, no deben paralizarse porque haya elecciones. Lo que hay que procurar es que cualquier reforma futura del mercado laboral tenga el respaldo de los agentes sociales. Hay que estudiar reformas para mejorar la competitividad de las empresas y abordar el tema sanitario, que hoy está soportando un gasto complementario importante, aunque justificado, por las presiones migratorias. Pero, sobre todo, hay que tratar el aumento futuro del gasto en servicios sociales por la atención a personas mayores.